La economía boliviana vive un momento crítico, aunque no terminal. Las reservas internacionales netas han caído a US$2.618 millones, apenas dos meses de importaciones; el déficit fiscal supera el 8% del PIB y la deuda pública bordea el 95%. A primera vista, los indicadores son preocupantes, pero no necesariamente catastróficos. El verdadero desafío está en cómo se interviene: un ajuste brusco puede generar convulsión social, mientras que la inacción alargaría la agonía.
El debate más sensible es el subsidio a los combustibles. Su costo fiscal resulta insostenible en el mediano plazo. Pero levantarlo de manera radical sería como cortar un suministro vital de golpe: encarecería transporte y alimentos, castigando a campesinos, jubilados y trabajadores informales. La salida responsable pasa por un retiro progresivo, acompañado de compensaciones sociales y medidas productivas que reduzcan la dependencia de combustibles importados.
En este punto, los candidatos ofrecen caminos distintos. Jorge “Tuto” Quiroga plantea una estrategia más ortodoxa: acceder a financiamiento externo, incluso con el FMI, para inyectar liquidez y exigir disciplina fiscal. Su experiencia y contactos internacionales le dan ventaja en la negociación, pero su perfil neoliberal despierta resistencias entre sectores populares. Rodrigo Paz, en cambio, propone un enfoque más descentralizador y orientado a la inversión privada en hidrocarburos, litio y agroexportación, con un énfasis en “capitalismo para todos” y en la continuidad de bonos sociales. Su talón de Aquiles es la falta de experiencia ejecutiva para llevar adelante un plan tan amplio en un escenario político fragmentado.
El dilema es que ninguno podrá aplicar su receta sin construir consensos. Bolivia sigue marcada por la polarización entre el altiplano y el oriente productivo, la fuerza sindical y un Legislativo donde no deberán equivocarse. Pretender ajustes unilaterales sería políticamente inviable. El próximo gobierno deberá actuar como un médico que dialoga con la familia del paciente: explicar el diagnóstico, acordar el tratamiento y avanzar de manera gradual para evitar un rechazo social que complique aún más la recuperación.
El país, sin embargo, cuenta con fortalezas para diseñar una estrategia de estabilización gradual: la agroexportación, con más de US$1.200 millones en ventas externas en 2024, puede aportar divisas frescas; los proyectos de biocombustibles reducen la factura de importación de hidrocarburos; y el litio sigue siendo un activo estratégico capaz de atraer inversión sin renunciar a soberanía. A esto se suma la resiliencia de la economía informal, que, aunque vulnerable, actúa como colchón social frente al desempleo.
La elección del 19 de octubre será más que un plebiscito entre dos candidatos: será el momento de decidir quién puede construir un diagnóstico integral y un plan creíble para estabilizar la economía sin destruir el tejido social. Como en la medicina, no bastan promesas ni tratamientos improvisados; se necesita liderazgo para combinar urgencia y prudencia, liquidez y protección social, reforma y consenso. En palabras de un analista, “Bolivia no se muere por falta de dólares, pero sí puede empeorar si el próximo presidente confunde la enfermedad con la cura”.
Redacción central La Paz
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