El Gobierno boliviano anunció que, en un plazo de seis meses, prevé traspasar de manera gradual la responsabilidad del abastecimiento de combustibles al sector privado, con el objetivo de preservar la estabilidad del mercado y garantizar el suministro a mediano plazo. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que las empresas privadas cuentan con la capacidad financiera para asegurar la importación mediante cartas de crédito y contratos de hasta cinco años, lo que permitiría reducir la presión fiscal y ordenar el sistema de provisión.
La autoridad detalló que la medida forma parte de un plan integral que incluye licitaciones internacionales por bloques de mayoreo, un esquema que ya funcionó en Bolivia entre 2000 y 2005. A ello se suma un ajuste responsable de los márgenes internos del precio, orientado a gestionar de forma sostenible el subsidio a los combustibles. Según Medinaceli, el objetivo es ordenar el mercado con una visión de corto y mediano plazo, evitando decisiones improvisadas y garantizando previsibilidad para los próximos cinco años.
Medinaceli advirtió que el país enfrenta un doble desafío: asegurar el ingreso del combustible al territorio nacional y garantizar que llegue efectivamente a la población. En ese contexto, denunció que redes de corrupción desvían carburantes hacia países vecinos y al mercado negro interno, lo que genera distorsiones en la demanda y explica las filas en los surtidores. “Por cada cisterna desviada, las ganancias en el mercado ilegal pueden llegar a entre 200.000 y 300.000 bolivianos, montos muy superiores a decenas de salarios mínimos”, afirmó, señalando que el principal destino del contrabando es Perú, Chile y Paraguay.
El ministro subrayó que el problema de fondo es financiero y recordó que, en el pasado, pese a la existencia de contratos, no se contaba con la solvencia necesaria para ejecutarlos. En ese marco, destacó que la recuperación de la confianza del sector financiero, de los organismos multilaterales y de los proveedores internacionales permitió normalizar la provisión de combustibles. Asimismo, anunció que, una vez consolidado el traspaso al sector privado, el Gobierno impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, basada en un sistema impositivo acorde a la realidad de cada campo y en una nueva tipología contractual que distribuya riesgos entre el Estado y las empresas, con el objetivo de atraer inversiones y recuperar la producción nacional.
Por Manuel Rodríguez para CalleBolivia
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