El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 entró en vigencia en Bolivia sin aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), activando el mecanismo constitucional que lo valida “por fuerza de ley” tras el incumplimiento de plazos. El Gobierno de Rodrigo Paz ahora deberá presentar un reformulado para adecuar la gestión fiscal al nuevo contexto político y económico.
El Decreto Supremo 5515, que habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer el mando del Estado desde el exterior, abrió un debate jurídico de alto voltaje sobre los límites constitucionales del poder Ejecutivo. Más allá de las tensiones políticas entre el Presidente y el Vicepresidente, especialistas en derecho constitucional recalcan un principio básico: ningún conflicto político justifica alterar, reinterpretar o ampliar lo que la Constitución establece de manera expresa.
El Decreto Supremo 5515, aprobado a finales de diciembre, abrió una discusión inédita en el constitucionalismo boliviano: por primera vez, una norma permite que el Presidente ejerza sus funciones “a distancia” cuando se encuentre fuera del país. Aunque el Gobierno presenta la medida como un ajuste administrativo para viajes oficiales, la modificación impacta directamente en la interpretación del artículo 169 de la Constitución y redefine el rol del Vicepresidente en escenarios de suplencia. La decisión surge en un contexto político tensionado y deja un precedente que trasciende el viaje de Rodrigo Paz al exterior.
