En Bolivia, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 entró en vigencia automáticamente el 1 de enero, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no lograra aprobarlo dentro del plazo constitucional de 60 días. La falta de consenso entre Diputados y Senado, marcada por un escenario político fracturado tras la salida de Luis Arce y la llegada de Rodrigo Paz, impidió la sanción final de la norma.
El proyecto de presupuesto —elaborado por el anterior Gobierno y aprobado inicialmente en Diputados con modificaciones— fue rechazado en el Senado, lo que dejó sin efecto cualquier cambio propuesto dentro del Legislativo. Como consecuencia, y conforme al procedimiento previsto en la Constitución, el proyecto original enviado por el Gobierno de Arce quedó validado “por fuerza de ley”, sin modificaciones sustantivas.
Para el nuevo Gobierno, este presupuesto heredado implica un desafío más que técnico: administrar una estructura de gasto y proyección fiscal diseñada bajo otro modelo económico. Por ello, el Ministerio de Economía anunció que en las próximas semanas se enviará un PGE reformulado 2026, con el objetivo de adecuar cifras, prioridades y metas a la nueva administración y al panorama económico que enfrenta el país.
La entrada automática del presupuesto también reabre el debate sobre la relación entre Ejecutivo y Legislativo, la capacidad de la ALP para procesar normas clave y la necesidad de fortalecer mecanismos de deliberación para evitar que decisiones estratégicas del Estado terminen definiéndose por silencio legislativo. El PGE 2026 marca así el inicio de un año político tenso, donde la discusión fiscal será uno de los primeros campos de disputa.
Redacción central Cochabamba
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