El denominado caso narcomaletas en Bolivia —por el cual un juez y una exdiputada fueron detenidos bajo investigación por narcotráfico, asociación delictuosa y confabulación— ha trascendido fronteras y puesto sobre la mesa serias dudas sobre la eficacia de los controles estatales, la transparencia del sistema de justicia y la cooperación internacional en la lucha antidrogas.
El Viceministerio de Transparencia en Bolivia ha presentado una denuncia formal contra Karina Serrudo, ex presidenta de la Aduana Nacional, por presuntas irregularidades en la adquisición de un terreno y la construcción de un edificio en Tarija. Las acusaciones incluyen sobreprecios que superan los Bs 10 millones, generando un daño económico al Estado. Esta acción se enmarca en los esfuerzos anticorrupción del nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira, tras el fin del dominio del MAS. La Fiscalía investiga delitos como conducta antieconómica y contratos lesivos, destacando la necesidad de transparencia en instituciones públicas.
Una imagen, dos presidentes tomados de las manos y un mensaje que sacude más que cualquier discurso: la relación entre Bolivia y Brasil entra en una nueva etapa donde los intereses pesan más que las ideologías. La lectura no solo impacta en la diplomacia regional, sino que también reabre el debate interno sobre quién marca hoy la agenda política del país.
Mientras líderes económicos debaten el futuro de América Latina, una advertencia resuena con fuerza: el mercado de la vivienda no está resolviendo la desigualdad. En el Foro Económico ALC 2026, la secretaria ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, alertó que apenas un 15% de la población accede a soluciones habitacionales formales. En Bolivia, los datos confirman que la brecha no solo persiste, sino que se profundiza entre déficit, financiamiento limitado y crecimiento urbano acelerado.
