Durante la gestión de Karina Serrudo al frente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), se adjudicó un terreno de 3.800 m² en Tarija por Bs 2,6 millones, ignorando una oferta más económica de Bs 1,7 millones. Según el viceministro Yamil García, el terreno seleccionado no cumplía con los requisitos técnicos ni legales, como documentos saneados y la superficie adecuada, lo que representa una clara irregularidad en el proceso de licitación.
Esta decisión ha sido calificada como antieconómica, priorizando una propuesta más costosa sin justificación aparente, lo que pone en evidencia posibles fallos en la supervisión interna de la institución.La construcción del edificio administrativo en el mismo terreno agravó las sospechas de corrupción.
El contrato se adjudicó por Bs 17,7 millones, con un costo por metro cuadrado cercano a los 1.000 dólares, cuando el valor razonable estimado era de solo 300 dólares por m². Esto resulta en un sobreprecio superior a los Bs 9 millones, según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Tarija el 29 de enero de 2026.
El viceministro Yamil García enfatizó que estas anomalías no solo afectan las finanzas públicas, sino que también erosionan la confianza en las entidades estatales responsables de la administración aduanera.La denuncia involucra a otros funcionarios, como Grover Rueda, ex gerente regional de la Aduana en Tarija, y al vendedor del terreno, por posibles delitos como legitimación de ganancias ilícitas y contratos lesivos al Estado.
La Fiscalía ha admitido la querella y asignado una comisión de fiscales para investigar a fondo, lo que podría derivar en procesos judiciales extensos. Hasta ahora, Serrudo no ha emitido respuestas públicas a estas acusaciones, y su paradero no ha sido confirmado por las autoridades, aunque no se descarta que haya salido del país.
Redacción central La Paz
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