El escándalo comenzó tras la llegada en noviembre de 2025 de un vuelo chárter privado con 32 maletas que —según investigaciones— no pasaron por los controles obligatorios en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, y cuyo contenido nunca fue revisado oficialmente ni ubicado por la Fiscalía, pese a que figura como pieza central del caso. A partir de esos hechos, un juez y una exdiputada vinculados a la operación fueron enviados a detención preventiva, apuntando a posibles delitos de narcotráfico y asociación delictuosa.
Para medios internacionales como El País, la desaparición de ese equipaje y la falta de claridad sobre su contenido —en algunos reportes incluso se menciona la posible presencia de grandes sumas de dinero— ponen en cuestión la integridad de los mecanismos de control aduanero y judicial en Bolivia, e incluso han generado críticas al Gobierno por una supuesta actuación tardía o insuficiente frente al caso.
A nivel interno, la investigación se ha expandido con nuevas aprehensiones y citaciones a funcionarios aeroportuarios, mientras que instituciones como la Aduana Nacional han presentado querellas por incumplimiento de normativas y controles de equipaje, señalando la falta de revisión en el ingreso del vuelo involucrado. Esto alimenta la percepción de fallas estructurales en la cadena de seguridad y control estatal.
Expertos y analistas señalan que, si el caso no se aclara con rapidez y transparencia, podría afectar la imagen internacional de Bolivia en materia de cooperación contra el narcotráfico, justo en un momento en que el país busca estrechar lazos con agencias externas para reforzar su lucha antidrogas. Este escenario convierte al caso narcomaletas en un tema que va más allá de lo penal, tocando fibras políticas e institucionales.
Redacción central La Paz
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