La postura de Barrientos apunta a que la asignación de recursos debe estar vinculada a objetivos, planificación y coordinación intergubernativa. Bajo esa lógica, la corresponsabilidad implica que los distintos niveles del Estado compartan obligaciones y metas, evitando el uso discrecional de fondos públicos. Sin embargo, el concepto rápidamente fue interpretado por sectores regionales como una señal de control central.
Branko Marinkovic reaccionó con dureza, señalando que no puede existir una oficina central que determine cómo ejercer la autonomía si Bolivia se define como un Estado autonómico. Su crítica no fue menor: planteó que el Viceministerio de Autonomías duplica funciones y mantiene la concentración de poder en La Paz, cuestionando la coherencia institucional del modelo vigente.
El debate se inscribe en una tensión estructural del Estado Plurinacional de Bolivia, cuya Constitución reconoce autonomías departamentales, municipales e indígenas, pero preserva la unidad económica y la rectoría nacional en materia fiscal. Esa dualidad ha generado históricamente fricciones entre la visión descentralizadora de las regiones y el enfoque de coordinación del nivel central.
Más allá del cruce político, la discusión marca agenda. Para algunos actores, la corresponsabilidad es un mecanismo necesario de control y planificación; para otros, es una forma encubierta de centralismo. El desafío para el Ejecutivo será definir si abre un debate profundo sobre el alcance real de la autonomía o si busca contener la controversia antes de que escale a una confrontación mayor entre el centro y las regiones.
Por: Equipo de redacción
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