La denuncia sobre más de 30 vehículos en mantenimiento dentro de la Asamblea Legislativa reabre el debate sobre la calidad del combustible en Bolivia, un problema que ya había sido advertido por el transporte público semanas atrás.
Al menos tres legisladores —Diego Brañez (APB Súmate), Lissa Claros (Libre) y José Maldonado— reportaron que una numerosa cantidad de vehículos oficiales de la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran en mantenimiento y presuntamente fuera de servicio por daños que estarían vinculados a la mala calidad del combustible. Los parlamentarios anunciaron que solicitarán informes oficiales para conocer el diagnóstico técnico y el número exacto de motorizados afectados.
Según lo expuesto, serían más de 30 vehículos los que estarían varados en el parqueo institucional. Los legisladores indicaron que el problema no sería reciente y que esperan que la administración de la Asamblea transparente las causas, los costos de reparación y el tiempo estimado para que la flota vuelva a operar con normalidad.
El caso adquiere mayor relevancia porque la polémica por la calidad del combustible no es nueva. A finales de enero y principios de febrero de 2026, sectores del transporte público —principalmente en Santa Cruz de la Sierra y otros departamentos— denunciaron daños en motores e inyectores que atribuyeron a gasolina contaminada. Las protestas incluyeron pedidos de análisis técnicos y compensaciones por las pérdidas económicas.
Ante esas denuncias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconoció que se detectaron problemas en lotes de combustible vinculados a contaminación en tanques de mezcla y aseguró que se adoptaron medidas correctivas para garantizar que el carburante distribuido cumpla con las especificaciones técnicas. Sin embargo, la nueva denuncia en la Asamblea vuelve a poner en debate si la respuesta fue suficiente o si el problema tuvo efectos más amplios.
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