La fase técnica supone un mapeo jurídico y fiscal: determinar qué ingresos son de libre disponibilidad, cuáles tienen asignación específica y qué leyes regulan su distribución. No todo recurso estatal puede redistribuirse mediante una simple decisión administrativa; muchos están definidos por normas con rango legal.
Recién una vez concluido ese diagnóstico podría plantearse una modificación al PGE 2026 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presupuesto, en ese sentido, sería el instrumento de ejecución del nuevo esquema, pero no el punto de partida.
La diferencia no es menor. Si el Gobierno incluyera el 50/50 sin respaldo técnico consolidado, el debate legislativo podría centrarse en observaciones de constitucionalidad o sostenibilidad fiscal. En cambio, si el ajuste normativo antecede al presupuesto, la discusión pasaría a ser de viabilidad política y no de improvisación técnica.
Cierre
Por ahora, el 50/50 no está en cifras ni en partidas presupuestarias. Está en fase de diagnóstico. El verdadero test vendrá después: si el Ejecutivo logra traducir ese ajuste técnico en una propuesta formal de modificación del PGE 2026 y, sobre todo, si consigue el respaldo legislativo necesario para sostenerlo más allá del anuncio.
Por Equipo de redacción
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