El Gobierno sostiene que existen “mafias” y redes internas que estarían afectando la calidad del combustible y obstaculizando la gestión de la estatal petrolera. Bajo esa narrativa, la presencia militar sería un mecanismo de resguardo estratégico frente a amenazas internas.
Sin embargo, la crítica central que emerge en redes sociales y círculos técnicos es directa: si el problema es corrupción, mala gestión o decisiones ejecutivas deficientes, la solución no es militar. La corrupción no se combate con fusiles, sino con auditorías, procesos penales y depuración institucional. La presencia castrense puede custodiar instalaciones, pero no sustituye la labor del Ministerio Público, la Contraloría ni los mecanismos de transparencia.
A ello se suma otra interrogante clave: si el Ejecutivo habla de sabotaje, ¿quiénes son los responsables y por qué no existen aún procesos judiciales visibles? Sin nombres ni acciones penales concretas, la narrativa del boicot corre el riesgo de diluirse en el terreno político antes que en el jurídico.
La incorporación de aditivos para mejorar la calidad de la gasolina —anunciada como solución técnica— tampoco ha disipado las dudas. Transportistas y usuarios cuestionan si se trata de un correctivo estructural o de un parche momentáneo. En ese contexto, la militarización aparece más como gesto de autoridad que como respuesta técnica integral.
Cuando un gobierno recurre a las Fuerzas Armadas para resolver problemas que corresponden al ámbito administrativo y judicial, el mensaje que transmite no es fortaleza sino fragilidad institucional. La crisis en YPFB no parece ser de seguridad física, sino de gestión, credibilidad y transparencia. Y esos déficits no se corrigen con uniformes, sino con responsabilidad política.
Por Equipo de redacción
