La difusión del video generó una inmediata reacción política. Analistas coinciden en que las imágenes lograron reposicionar a Evo Morales en la conversación nacional, desplazando otros temas de coyuntura y obligando al Gobierno a responder.
En ese contexto, el Ministerio de Gobierno anunció acciones disciplinarias contra los dos policías que aparecen en las imágenes. Sin embargo, Reyes Villa cuestionó que la atención se concentre exclusivamente en los uniformados y afirmó que el problema es de fondo.
«Los policías no tienen la culpa. Quien tiene que tomar las acciones correspondientes es el Gobierno», señaló el alcalde cochabambino, al remarcar que son las autoridades nacionales quienes tienen el mandato constitucional de conducir la política de seguridad interna y definir la estrategia frente al expresidente.
Desde el punto de vista institucional, el Ejecutivo dirige a la Policía Boliviana mediante el Ministerio de Gobierno y el Alto Mando Policial. En consecuencia, corresponde al Gobierno establecer las directrices para el actuar de la fuerza pública dentro del marco de la ley.
No obstante, ese aspecto político no elimina una eventual responsabilidad disciplinaria individual. Si la conducta de los efectivos vulneró normas internas de la institución, ese extremo deberá ser determinado mediante el procedimiento previsto en el régimen disciplinario policial.
El episodio evidencia dos debates paralelos: uno político, referido a la estrategia del Gobierno frente a Evo Morales, y otro institucional, relacionado con la actuación de los policías. Para diversos analistas, confundir ambos planos puede desviar la discusión sobre quién tiene la responsabilidad de adoptar decisiones de Estado.
Por Equipo de redacción
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