La contradicción deja una pregunta incómoda sobre la mesa: si el comandante dice que no es prioridad y el ministro dice que sí, ¿quién está fijando la política del Gobierno: el poder político o la Policía?
La respuesta debería ser inequívoca. La Policía ejecuta sus funciones dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes; una orden judicial no puede convertirse en una decisión discrecional sobre la que cada autoridad determine públicamente su nivel de prioridad.
El caso adquiere mayor relevancia porque no se trata de dos funcionarios alejados de la materia. Sokol dirige la institución policial y el ministro de Gobierno tiene bajo su responsabilidad la conducción política de la seguridad interna. Que ambos transmitan posiciones diferentes sobre una misma orden expone una fisura que el Ejecutivo no puede ignorar.
La cuestión, por tanto, trasciende la eventual captura de Evo Morales. Lo que está en juego es la autoridad del Gobierno y la claridad de su cadena de mando.
Si el ministro establece que la captura es prioritaria, el comandante de la Policía no debería aparecer públicamente relativizando esa definición. Y si Sokol tiene razones jurídicas u operativas para cuestionar la prioridad, corresponde que esas diferencias se procesen institucionalmente y no mediante mensajes contradictorios ante la opinión pública.
Ahora la pelota está en la cancha de Rodrigo Paz.
El Presidente debe definir quién establece la línea política de su Gobierno y hacer que esa línea sea respetada. Porque cuando un ministro dice una cosa y el jefe de la Policía otra, el ciudadano ya no sabe quién conduce.
La autoridad presidencial no se mide solamente por las órdenes que se imparten, sino por la capacidad de hacerlas prevalecer dentro del propio Gobierno.
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Por Equipo de redacción
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