El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha manifestado una firme oposición a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar los mandatos de los magistrados y consejeros electos en 2017. Rodríguez Veltzé considera que esta medida representa una «inadmisible provocación de ‘auto prorrogados'», señalando que extiende la usurpación de funciones y pone en riesgo la legalidad y la democracia en Bolivia. A este wfecto, ha pedido a las autoridades electas, al Fiscal General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional que tomen acciones para restablecer la legalidad en el Órgano Judicial.
La controversia se centra en la Declaración Constitucional 049/23 emitida por el TCP, que permite la prórroga de los mandatos hasta que se elijan y posesionen nuevas autoridades en aquellos departamentos donde las convocatorias fueron declaradas desiertas. Rodríguez Veltzé ha criticado esta declaración como ilegítima e inconstitucional, argumentando que desconoce al constituyente y debilita la democracia al exceder las competencias del TCP al disponer la prórroga de su propio mandato. Además, ha señalado que el tribunal demoró injustificadamente la atención de recursos y consultas, afectando el oportuno ejercicio de la función legislativa.
El expresidente también ha subrayado que la medida coarta el derecho ciudadano de conformar el Órgano Judicial, al restringir la obligación del Estado de asegurar una justicia imparcial para el ejercicio de derechos y libertades. Rodríguez Veltzé ha argumentado que esta situación genera un sombrío precedente y socava el estado de derecho en Bolivia. Asimismo, ha cuestionado que los magistrados del TCP no hayan advertido el conflicto de intereses al extender su propio mandato, lo cual está prohibido por la Constitución.
En respuesta a esta situación, Rodríguez Veltzé ha solicitado que se restablezca la legalidad en el Órgano Judicial mediante acciones concretas por parte de las autoridades competentes. Ha exhortado a que se lleven a cabo las elecciones judiciales pendientes para garantizar la renovación de las autoridades y el funcionamiento adecuado del sistema judicial en Bolivia. La crítica del expresidente se expresa en un contexto de preocupación generalizada por la independencia del poder judicial y la integridad del proceso democrático en el país.
Redacción central y agencias
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