Mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descalifica a Pegasus por no haber presentado ninguna oferta ni documentación legal válida, el alcalde de Cochabamba y excandidato presidencial, Manfred Reyes Villa, encendió el debate nacional al mostrar contratos que, según afirmó, permitirían importar combustible a un precio de 5 bolivianos por litro. “Yo tengo tres contratos firmados para traer combustible a ese precio, ya presenté un proyecto de ley, y lo que falta es que se aprueben los créditos pendientes para resolver de una vez el problema del combustible”, declaró Reyes Villa. Su anuncio no solo desafía la narrativa oficial de escasez, sino que lo proyecta nuevamente como actor político con propuestas en un terreno que golpea directamente a la economía y a la vida cotidiana de los bolivianos.
En contraste, autoridades de YPFB aclararon que la empresa Pegasus, sugerida por dirigentes de los choferes para la importación de combustibles, no presentó la oferta técnica ni la documentación mínima exigida. Según Marcos Durán, director de Comercialización e Importación de Hidrocarburos, Pegasus incluso exigió una normativa “hecha a su medida”, lo que fue rechazado de plano. A esto se suma un detalle delicado: el supuesto representante legal, Gruber Herrera, tiene varios procesos judiciales abiertos por estafa, falsedad ideológica, estelionato y asociación delictuosa. “No conocemos el NIT, ni el testimonio de constitución, ni siquiera el registro de comercio de la empresa”, denunció Durán, dejando en claro que Pegasus no es una opción seria para abastecer el mercado.
En ese escenario, el movimiento de Reyes Villa cae en terreno fértil. Mientras Pegasus se desmorona en sospechas, él aparece mostrando papeles y diciendo que tiene la fórmula para resolver un problema que hoy golpea al transporte, la producción y la canasta familiar. No obstante, su propuesta está lejos de ser automática: para que esos contratos se concreten, se necesita un marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa y financiamiento vía créditos estatales. En otras palabras, su idea requiere decisión política y respaldo institucional, algo que por ahora depende del Gobierno central.
La discusión sobre el abastecimiento de combustibles se ha convertido en un punto de choque entre el Ejecutivo, los transportistas y líderes opositores. Mientras YPFB defiende la institucionalidad de sus procesos de contratación, Reyes Villa aparece con contratos bajo el brazo para mostrar que es posible importar a menor precio. La pregunta de fondo es si su propuesta es una solución real o un golpe político en tiempos de crisis. Lo cierto es que, en medio de la escasez, cualquier alternativa que baje el precio y garantice el suministro gana atención inmediata en la calle.
Redaccion central La Paz
About Author
