La Paz, 26 de agosto de 2025 – En un giro inesperado que sacude el escenario político boliviano, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz otorgó este martes libertad irrestricta al exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari y dispuso detención domiciliaria para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, ambos acusados en el caso conocido como “Golpe de Estado I”. La decisión responde a un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó revisar los plazos de detención preventiva, considerados excesivos.
La audiencia se instaló el lunes 25 de agosto en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia y concluyó este martes tras un cuarto intermedio solicitado por la denunciante, la exdiputada Lidia Patty. El fallo, leído en una sala colmada de familiares, abogados y autoridades judiciales, fue recibido con aplausos, lágrimas y también con cuestionamientos.
Pumari, detenido desde fines de 2019 en el penal de Cantumarca (Potosí), recupera la libertad tras casi cuatro años de encierro, con el argumento de que no existen riesgos procesales ni peligro de fuga. En el caso de Camacho, que llevaba recluido en el penal de Chonchocoro desde diciembre de 2022, el tribunal decidió que debía abandonar la cárcel, pero no gozar de libertad plena: deberá enfrentar el proceso bajo arresto domiciliario, al persistir riesgos en su situación.
El instructivo 18/2025 del TSJ, emitido el 22 de agosto, fue clave en esta resolución. La defensa de ambos líderes había insistido en que los plazos de detención preventiva vulneraban sus derechos, dado que el proceso por terrorismo aún no avanza de manera firme y permanece paralizado en el Tribunal Constitucional, que debe definir si ese delito es aplicable a los hechos de 2019.
Las reacciones no se hicieron esperar. La expresidenta Jeanine Áñez calificó la decisión como una “reparación” de derechos vulnerados y un precedente para otros casos. En cambio, desde el Gobierno, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, y el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, criticaron la resolución por “selectiva”, recordando que miles de reclusos sin sentencia permanecen olvidados en las cárceles. Incluso, internos de Palmasola y Villa Busch anunciaron declararse en emergencia para exigir igualdad de trato.
El caso “Golpe de Estado I” se centra en los hechos de la crisis política de 2019 que culminaron con la renuncia de Evo Morales tras protestas, denuncias de fraude electoral y motines policiales. Pumari y Camacho fueron señalados como protagonistas de esa movilización que marcó la historia reciente del país. Hoy, con esta decisión, no solo se reconfiguran sus destinos personales y políticos, sino que también se pone bajo la lupa la fragilidad de un sistema judicial que mantiene al 70% de los reclusos sin sentencia firme.
La liberación de Pumari y el traslado de Camacho a arresto domiciliario no cierran el caso, pero sí abren un nuevo capítulo que remece el tablero político y judicial en un país que aún vive las secuelas del 2019.
Redaccion central La Paz
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