La reciente conformación de una denominada Comisión de la Verdad para investigar presuntas irregularidades en el sector hidrocarburos en Bolivia ha abierto más preguntas que certezas. Aunque el discurso oficial apunta a transparencia y rendición de cuentas, la inclusión de ministros y legisladores en la instancia genera dudas sobre la capacidad técnica real para determinar hallazgos sólidos y responsabilidades concretas.
La investigación de posibles hechos de corrupción en hidrocarburos exige conocimiento especializado en la cadena productiva, los procesos de contratación pública y los mecanismos de control interno. Ni los ministros ni los legisladores, por la naturaleza de sus funciones, ejecutan contratos ni realizan auditorías. Su rol es político y administrativo, no técnico-operativo, lo que limita el alcance real de una comisión que pretenda ir más allá del relato.
Además, cualquier determinación de responsabilidades requiere de manera indispensable una auditoría técnica y financiera, preferentemente de la Contraloría General del Estado o de instancias especializadas. Sin auditoría no hay prueba documental suficiente, y sin prueba, ningún proceso puede sostenerse ante el Ministerio Público, instancia que finalmente debe asumir los casos si existen indicios de delito.
En este contexto, los responsables no son abstractos ni genéricos. La normativa es clara: la responsabilidad recae en quienes participaron directamente en los procesos de contratación, adjudicación y supervisión, así como en las unidades de auditoría y control interno que validaron o no observaron posibles irregularidades. Desplazar el foco hacia responsabilidades políticas amplias solo diluye la verdad que se dice buscar.
Si la comisión no incorpora expertos independientes ni se apoya en auditorías formales, el riesgo es evidente: una investigación politizada, sin efectos jurídicos y con bajo impacto institucional. En lugar de fortalecer la transparencia, podría convertirse en un ejercicio de señalamiento sin consecuencias reales para los verdaderos responsables.
Redacción central La Paz
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