El planteamiento de Rodrigo Paz marca un quiebre discursivo en Bolivia: pasar de la coca como símbolo político y herramienta sindical a un activo económico con lógica de mercado. La propuesta apunta a que los productores dejen de depender del conflicto y se integren a una cadena productiva basada en la industrialización y la generación de valor.
En lo concreto, la coca ya tiene espacios donde podría expandirse. La industria alimentaria aparece como el terreno más inmediato, con productos como harinas, infusiones y energizantes naturales que ya circulan en el mercado interno. A esto se suman nichos potenciales en la farmacéutica —por sus propiedades digestivas y analgésicas— y en la cosmética, donde lo natural y ancestral gana terreno a nivel global.
Sin embargo, el discurso choca con una barrera estructural: la hoja de coca sigue bajo restricciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, lo que limita seriamente su exportación. En otras palabras, Bolivia puede producir, pero no tiene garantizado a quién vender fuera de sus fronteras.
A esto se suma un problema aún más profundo: la falta de trazabilidad. Sin mecanismos sólidos para diferenciar la coca legal de la que termina en circuitos ilícitos, cualquier intento de industrialización queda bajo sospecha. Ningún mercado internacional serio se abrirá sin garantías claras en este punto.
El tercer elemento crítico es la sobreproducción. La cantidad de coca cultivada supera los márgenes legales, generando un excedente que hoy no encuentra canal formal. En ese contexto, hablar de “negocios” implica una decisión de fondo: ordenar el mercado o convivir con la distorsión.
El mensaje de Paz, además, no es neutral. Aunque plantea “despolitizar” la coca, en los hechos redefine el rol del Estado y de los sindicatos, alejándose del modelo que convirtió a la hoja en eje de poder político durante años. El giro es claro: menos control político, más lógica económica.
Por Equipo de redacción
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