La tensión social se intensificó este lunes tras el reporte del Comando Departamental de la Policía de La Paz sobre al menos cinco puntos de conflicto activos. Uno de los focos principales se ubica en Senkata, en El Alto, donde el transporte pesado instaló un bloqueo estratégico que afecta el ingreso a la sede de gobierno, generando un impacto directo en el abastecimiento y la movilidad urbana.
A este escenario se suman movilizaciones de sectores clave como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, además del magisterio urbano y rural, y organizaciones sociales como las “Bartolinas”, que también activaron bloqueos en rutas interprovinciales. En paralelo, trabajadores de limpieza urbana protagonizan protestas en pleno centro paceño, ampliando el mapa de conflictividad.
El elemento común que articula estas protestas es la escasez de combustibles, especialmente diésel, un insumo vital para el transporte, la producción y la logística nacional. La falta de abastecimiento no solo genera molestia sectorial, sino que comienza a afectar el funcionamiento cotidiano de la economía.
En esa línea, Samuel Doria Medina sostuvo que Bolivia no aprovechó la “ventana de oportunidad” para encarar reformas macroeconómicas, y que la actual conflictividad es una consecuencia directa de ese retraso. “No me importa ser incómodo, lo que me mueve son las ideas”, afirmó, insistiendo en la urgencia de aplicar correctivos estructurales.
La coincidencia de múltiples sectores movilizados en un mismo día refleja un deterioro en la capacidad de respuesta estatal y una creciente presión social acumulada. Analistas advierten que, de no mediar soluciones concretas en el corto plazo, el conflicto podría escalar y afectar aún más la estabilidad política y económica.
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Por Equipo de redacción
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