La reunión de coordinación fue encabezada por Edmand Lara Montaño junto a los jefes de bancada de las distintas fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de las acciones orientadas a construir una agenda legislativa y abrir canales de negociación frente al conflicto social que atraviesa Bolivia.
El principal resultado del encuentro fue la conformación de una “Comisión de Diálogo” destinada a convocar a sectores movilizados y organizaciones sociales que mantienen demandas reivindicativas en distintas regiones del país.
Entre los actores convocados figuran representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), maestros, transportistas y otros sectores sociales, además de instituciones consideradas mediadoras o garantes del proceso como la Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.
La convocatoria también incluye al presidente Rodrigo Paz y ministros de Estado, tomando en cuenta que gran parte de las demandas vinculadas a abastecimiento, economía, combustibles y conflictividad social dependen directamente de decisiones del Órgano Ejecutivo.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de asistencia por parte del Gobierno, situación que elevó la expectativa política en torno al encuentro y abrió interrogantes sobre el nivel de respaldo que tendrá la iniciativa impulsada desde la Vicepresidencia.
La comisión surge además en medio de señales de tensión política entre Edmand Lara Montaño y el entorno presidencial. En las últimas semanas, Lara cuestionó públicamente el manejo de la crisis y defendió la necesidad de instalar mesas de diálogo antes que profundizar escenarios de confrontación.
Por ello, distintos sectores consideran que la convocatoria no solo representa un intento de pacificación social, sino también un termómetro político sobre el estado de coordinación interna dentro del oficialismo y la capacidad del Gobierno para construir consensos en medio de una coyuntura cada vez más compleja.
La eventual participación de Rodrigo Paz podría fortalecer la legitimidad de la comisión y enviar una señal de apertura política frente a las demandas sociales. En cambio, una ausencia del Ejecutivo podría profundizar las lecturas de distanciamiento interno y debilitar el alcance de la mesa de diálogo impulsada desde la Asamblea Legislativa.
Por Equipo de redacción
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