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El fiscal general interino, José Armando Urioste, dio por cerrada la polémica sobre quién impulsó su candidatura y negó que se hubiera pagado dinero para llegar al cargo. Sin embargo, una conferencia de prensa no basta para despejar las dudas que rodearon su elección. La mejor manera de pasar la página será demostrar, con investigaciones sólidas, imputaciones debidamente fundamentadas y casos esclarecidos, que el Ministerio Público actúa con independencia y no responde a intereses políticos o empresariales.

Una amenaza contra la vida del presidente no es un asunto menor, menos aún cuando se la relaciona con la captura de un presunto integrante de alto rango del Primer Comando de la Capital (PCC). Pero la gravedad de la denuncia exige algo más que declaraciones públicas: el Gobierno debe reunir los elementos disponibles, ponerlos en conocimiento del Ministerio Público y permitir que una investigación establezca quiénes están detrás y si existe una conexión con el operativo policial. Sin evidencias conocidas ni resultados institucionales, el caso corre el riesgo de quedar atrapado en la arena política.

La Fiscalía dio curso a la proposición acusatoria presentada por la alianza Libre contra Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Las Américas. Ahora, la cuestión de fondo es si el Ministerio Público contrastó los antecedentes, evaluó las pruebas y fortaleció la fundamentación jurídica, o si se limitó a tramitar la denuncia de una fuerza política opositora. La diferencia no es menor: de ella depende que la actuación fiscal pueda sostenerse con argumentos técnicos y no quede bajo sospecha de responder a intereses políticos.

Debajo de la riqueza que Bolivia extrae de sus entrañas hay una preocupación que no puede esperar: el agua que corre por los ríos y sostiene la vida rural. Cuando la contaminación avanza, no solo está en riesgo el medio ambiente; también se comprometen la producción agrícola, la ganadería y la disponibilidad de alimentos. La minería puede generar ingresos hoy, pero si el país no controla sus impactos, podría terminar pagando mañana una factura mucho más alta.

Bolivia cumple 44 años de democracia, pero el tiempo transcurrido no garantiza que la ciudadanía crea más en ella. La democracia no es el problema: es la mejor vía para construir un desarrollo armónico, con libertad, justicia y oportunidades. El problema aparece cuando quienes reciben el voto convierten la confianza ciudadana en una promesa que se desgasta entre la corrupción, la impunidad y las instituciones que no responden a la gente.

Mientras los bolivianos hacen cuentas para llegar a fin de mes, la presentación de los nuevos uniformes del personal de la Casa Presidencial abrió otro frente de discusión: la imagen que proyecta el poder. El analista Ramiro Calasich G. lanzó una pregunta provocadora: «¿Bolivia tiene familia real?». No cuestiona solamente unas prendas; pone sobre la mesa una preocupación mayor: que quienes ocupan temporalmente el Palacio confundan la representación del Estado con los privilegios del poder.

Capacitar jueces puede mejorar sus conocimientos, pero no garantiza independencia ni decisiones imparciales. La propuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de acudir al denominado «Escudo de las Américas» para formar jueces abre una discusión de fondo: ¿se puede corregir la crisis judicial boliviana sin cambiar las estructuras que la sostienen? El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé advierte que no basta con atender las emergencias ni con cursos de capacitación; se necesita una reforma estructural respaldada por consensos políticos y ciudadanos.

Potosí exporta millones de dólares en minerales, pero Juan, un visitante llegado de Cochabamba, se sentó en la plaza 10 de Noviembre y se llevó otra impresión: la ciudad parece haberse quedado en el pasado. Su percepción pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa riqueza se transforma en desarrollo visible y mejores condiciones de vida para los potosinos?

Róger Mariaca pasó de dirigir la Fiscalía General a enfrentar detención preventiva, investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y la legitimación de ganancias ilícitas, mientras nuevos hallazgos y acusaciones ponen bajo sospecha su llegada al cargo. Pero el caso plantea una pregunta más profunda: ¿Bolivia conocerá la verdad o terminará atrapada en versiones que nunca lleguen a probarse?

Una entrevista puede poner a prueba algo más que el dominio de las leyes: la capacidad de explicar decisiones que comprometen la confianza pública. José Armando Urioste, fiscal general interino de Bolivia, llegó a CNN con una historia sobre un empresario que le pidió su currículum y terminó bajo una pregunta incómoda: ¿cómo pasó de esa gestión privada a convertirse en el nombre de consenso de la Asamblea Legislativa? Su respuesta no despejó las dudas y ahora se reclama que revele quién hizo el contacto.