Santa Cruz es mucho más que una fecha en el calendario. Es una tierra de oportunidades donde, con los años, fueron convergiendo bolivianos de distintos lugares, acentos y condiciones. Cambas, chapacos, vallunos y tantos otros encontraron aquí un espacio para trabajar, crecer y hacer su vida. Hoy, 24 de septiembre, desde CalleBolivia solo queremos decir: gracias, Santa Cruz.
Bolivia se incorporó junto a Estados Unidos y otros 15 países a una declaración que busca defender la soberanía del Hemisferio Occidental con una agenda que va mucho más allá del narcotráfico: incluye seguridad, inteligencia, inversiones, minerales críticos, infraestructura digital y coordinación política internacional.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, afirmó que Diego Ávila, presidente del Senado, es hoy el “presidente constitucional” de Bolivia ante la ausencia de Rodrigo Paz y Edmand Lara. Pero esa interpretación choca con una precisión constitucional: el artículo 169 distingue entre ausencia definitiva y ausencia temporal, y el jurista Franz Barrios sostiene que esa diferencia cambia quién puede asumir la Presidencia.
El dólar oficial volvió a superar los Bs 12 después de haber caído por debajo de Bs 10 tras la intervención del Banco Central de Bolivia. La cotización pasó de Bs 12,64 a Bs 9,83 y nuevamente escaló hasta Bs 12,06. El episodio deja algo más que una cifra: pone sobre la mesa el costo de intervenir para bajar el dólar si, pocos días después, el mercado vuelve a llevarlo hacia arriba.
Mientras el presidente Rodrigo Paz desarrolla su agenda internacional en Estados Unidos y dirige incluso una reunión de gabinete de manera virtual, Bolivia enfrenta en la calle el impacto de la eliminación de la subvención al diésel: precios que suben, sectores que reclaman respuestas y un transporte que ya anunció el repliegue nacional de sus unidades para el lunes 28 de septiembre.
La decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel ya salió del surtidor y llegó a la calle: la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia determinó replegar sus unidades durante 24 horas el lunes 28 de septiembre, en rechazo al Decreto Supremo 5716 y al nuevo esquema de precios del combustible. La dirigencia exige la abrogación de la norma y advierte que, si no obtiene respuesta, la protesta podría convertirse en un paro nacional indefinido.
Un mazazo sobre la economía popular. Pasajes interdepartamentales que se duplican, sindicatos urbanos que presionan por hacer lo mismo y el precio del pan bajo presión: el ajuste del combustible ya comienza a sentirse donde más duele, en el bolsillo de quienes viven al día. Samuel Doria Medina reclama reacción inmediata del Gobierno, con negociación y subsidios focalizados para contener el impacto, además de proteger el precio del pan y generar empleo. Pero frente al tamaño del golpe, un plan de enlosetado, aunque pueda crear puestos de trabajo, corre el riesgo de quedarse en paño de agua tibia para una economía que necesita respuestas de mayor calado. “El tiempo corre”, advierte.
La renuncia del gerente departamental de la Contraloría en Santa Cruz, Glauco Montero, tras denunciar presiones externas, vuelve a poner en el centro del debate la independencia de las instituciones de control. La recepción de una denuncia sobre presuntas irregularidades en el manejo de combustible de YPFB debería activar los mecanismos previstos por la norma, no convertirse en una fuente de presión sobre quien tiene la responsabilidad de recibirla y canalizarla. El caso también expone una tarea pendiente que alcanza al Legislativo: avanzar en procesos de institucionalización que reduzcan la discrecionalidad política y otorguen mayores garantías a los funcionarios encargados de ejercer competencias técnicas y de control.
La reunión de Rodrigo Paz con Marco Rubio en Nueva York dejó una frase que merece más atención que la fotografía diplomática: para el secretario de Estado de Estados Unidos, la relación con Bolivia es “fundamental” para los planes bolivianos de obtener apoyo del FMI y reformar los sectores de combustibles, minería y energía. La declaración llega apenas días después de que Bolivia aprobara el acuerdo de financiamiento con el Fondo por $us 1.900 millones y de que el Gobierno eliminara la subvención al diésel.
La subvención al diésel ya fue levantada y ahora aparece la pregunta incómoda: ¿qué hace el Estado con los miles de millones que deja de gastar y quién debe recibir protección? El asambleísta José Manuel Ormachea plantea que el subsidio debería concentrarse únicamente en el transporte público y sostiene que prefiere esa política antes que mantener decenas de empresas públicas. La discusión cambia así de escenario: ya no se trata solamente de quitar la subvención, sino de decidir si el ahorro fiscal se convierte en inversión, en apoyo focalizado al transporte o simplemente desaparece dentro del gasto estatal.
