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El presidente interino del BCB, David Espinoza, sostiene que la inflación no volverá a dos dígitos este año y que el control de la base monetaria será clave. El problema es que la estabilidad monetaria por sí sola no resuelve la crisis: si el Gobierno no recupera la confianza, los dólares, la producción y la inversión, la economía puede terminar pagando el costo de una política monetaria restrictiva.

Desde el Campo Ferial Chuquiago Marka, durante la inauguración de la novena Feria Internacional La Paz Expone 2026, el presidente Rodrigo Paz advirtió: “No estamos lejos de que quieran generar otro sismo político estructural”. La frase abre una pregunta inevitable: ¿por qué lo dice ahora y qué información tiene el mandatario para hacer esa advertencia? Porque mientras Paz apunta hacia un eventual intento de desestabilización, en la calle también crece otra lectura: el Gobierno debería mirarse en el espejo, porque varias cosas no están saliendo como esperaba.

El jurista Franz Barrios puso sobre la mesa una discusión que va más allá de la certificación de idiomas: el Estado puede exigir el cumplimiento de una obligación constitucional, pero no necesariamente debe monopolizar dónde se aprende ni quién certifica. Con la abrogación del decreto que concentraba la certificación oficial, el debate se amplía: ¿debe el Estado limitarse a exigir competencias lingüísticas o también decidir qué idioma debe aprender un ciudadano para acceder a una función pública?

Marcelo Claure volvió a decirlo hace horas precedentes con la frase más cruda del año: sin estabilidad y seguridad jurídica, no hay inversión. En la calle lo traducen más simple: ningún empresario viene a regalar plata, viene a ganar. Y ahí está el problema para el gobierno de Rodrigo Paz: mandó su Ley de Inversiones a la Asamblea, pero sin reformar primero la Constitución, como advirtió Tuto Quiroga, el proyecto no corre.

Intervenir YPFB por 180 días puede ser una oportunidad para mucho más que revisar cuentas y buscar responsables. El verdadero desafío será hacer un relevamiento técnico, operativo, financiero y administrativo completo que permita saber dónde están los problemas y, sobre esa evidencia, diseñar una ruta que haga funcionar nuevamente a la petrolera estatal.

Un nuevo audio difundido este miércoles por el vicepresidente Edmand Lara vuelve a poner al Gobierno de Rodrigo Paz contra las cuerdas. Esta vez, la grabación atribuye al Presidente y al consultor argentino Fernando Cerimedo una conversación en la que aparece una expresión políticamente explosiva: “armar la novela”, vinculada a la preparación de un eventual estado de excepción. La autenticidad de las voces, la integridad del audio y el contexto de la conversación todavía deben ser establecidos mediante una pericia técnica. Pero el contenido abre un nuevo frente de controversia sobre cómo se gestó y cómo se buscó comunicar una de las decisiones más delicadas del Gobierno.

La denuncia ya está formalizada y el audio entregado al Ministerio Público. Ahora comienza la parte más delicada: determinar si la grabación es auténtica, si fue manipulada y qué responsabilidad jurídica puede derivarse de su contenido. El caso también pone a prueba la capacidad técnica de la Fiscalía para realizar una pericia forense independiente.

“Si no ayuda, que no estorbe”. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, elevó la presión sobre el Gobierno por las trabas a la importación privada de combustible y anunció que el 9 de septiembre presentarán una propuesta para que alimentos como el pollo, el cerdo y la carne de res dejen de convertirse en un privilegio para las familias bolivianas. El planteamiento busca vincular la solución a la crisis de carburantes con el costo de producir y llevar alimentos a los mercados.

Bolivia necesita inversión extranjera, pero algunos casos terminan enviando exactamente la señal contraria. El empresario y enólogo francés François Corentin Thorez denunció un conflicto por el registro de su marca ante el SENAPI y lanzó una advertencia que vuelve a poner el foco sobre la seguridad jurídica en Bolivia: si al inversionista el propio Estado le cambia las reglas, ¿quién se atreverá a poner su capital?