¿Gobernaba un asesor sin cargo? El caso Cerimedo suma un nuevo episodio tras la difusión, por parte del vicepresidente Edmand Lara, de un audio que atribuye al consultor argentino y al ministro Marco Antonio Oviedo. En el audio difundido hay expresiones de detenidos y cortes de servicios en San Julián. La Fiscalía suma otro material que deberá peritar para establecer la autencidad.
Las explosiones registradas en instalaciones militares de Viacha no solo dejaron víctimas y preguntas sobre la seguridad dentro de los cuarteles. También vuelven a poner sobre la mesa una discusión que Bolivia arrastra desde hace años: ¿qué modelo de Fuerzas Armadas necesita el país y qué lugar deben ocupar los conscriptos en él? En medio de esa discusión, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín pide a la Defensoría retomar el debate sobre la objeción de conciencia al servicio militar, mientras Samuel Doria Medina plantea avanzar hacia una mayor profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Con un mensaje que mezcla tranquilidad y cautela, el Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró que cuenta con más de US$1.000 millones en recursos líquidos, suspendió temporalmente nuevas compras de dólares y anunció la restricción de parte de los bolivianos disponibles en el sistema financiero. La decisión revela una estrategia clara: preservar el colchón de divisas y, al mismo tiempo, reducir la liquidez en moneda nacional para contener eventuales presiones sobre el dólar y la inflación.
El abogado de Fernando Cerimedo, Ramiro Vega, puso nombre y apellido a una acusación que ahora plantea una pregunta jurídica: sostiene que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, conocía previamente denuncias relacionadas con vuelos irregulares en Beni que son investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Si esa afirmación puede ser demostrada documentalmente, ¿existe una razón legal para que Mariaca se excuse del caso? La respuesta está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece causales específicas y un régimen especial para el Fiscal General.
¿Cómo pasó Fernando Cerimedo de una condena por vender dos veces el mismo departamento en Mar del Plata a convertirse en un operador político con conexiones internacionales y terminar preso en Bolivia? La pregunta vuelve a escena después de que LA NACION reconstruyera su pasado. El recorrido incluye una condena judicial en Argentina, negocios, política, polémicas electorales y ahora una prisión preventiva en Palmasola.
¿Por qué desaprueban a Rodrigo Paz? La respuesta de Ipsos CIESMORI enciende una señal de alarma para el Gobierno: entre quienes cuestionan su gestión, la corrupción aparece como la principal razón, seguida por la mala gestión y los problemas con los combustibles. El dato no queda ahí: mientras crece el malestar con el Gobierno, 8 de cada 10 consultados creen que Bolivia va por el rumbo equivocado.
La Asamblea de La Paz aprobó para 2027 una nueva escala salarial que eleva los ingresos de autoridades y funcionarios. El gobernador Luis Revilla salió al paso: dice que él seguirá ganando Bs 15.000 este año y que el aumento proyectado para 2027 será evaluado según la situación económica. Pero la pregunta permanece: ¿están de acuerdo el pueblo y quienes pagan los impuestos con que sus autoridades se suban el sueldo?
La explicación preliminar sobre la pólvora negra no cierra el caso de las explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha. Ahora el propio Rodrigo Paz ordena una investigación técnica y transparente para establecer las causas, verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad y determinar responsabilidades.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, puso el límite sobre la mesa: Evo Morales debe presentarse ante la justicia porque “nadie está por encima de la ley”. Y advirtió que una cosa es protestar y otra convertir las movilizaciones en bloqueos que afectan la circulación, el abastecimiento y la estabilidad del país.
La reestructuración de YPFB y la ANH adquiere una dimensión mayor: el Gobierno afirma que su diseño sigue lineamientos del Banco Mundial y que el BID participa en el proceso de apoyo. La pregunta ahora es qué modelo institucional se está construyendo y bajo qué condiciones.
