El dólar oficial volvió a superar los Bs 12 después de haber caído por debajo de Bs 10 tras la intervención del Banco Central de Bolivia. La cotización pasó de Bs 12,64 a Bs 9,83 y nuevamente escaló hasta Bs 12,06. El episodio deja algo más que una cifra: pone sobre la mesa el costo de intervenir para bajar el dólar si, pocos días después, el mercado vuelve a llevarlo hacia arriba.
Mientras el presidente Rodrigo Paz desarrolla su agenda internacional en Estados Unidos y dirige incluso una reunión de gabinete de manera virtual, Bolivia enfrenta en la calle el impacto de la eliminación de la subvención al diésel: precios que suben, sectores que reclaman respuestas y un transporte que ya anunció el repliegue nacional de sus unidades para el lunes 28 de septiembre.
La decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel ya salió del surtidor y llegó a la calle: la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia determinó replegar sus unidades durante 24 horas el lunes 28 de septiembre, en rechazo al Decreto Supremo 5716 y al nuevo esquema de precios del combustible. La dirigencia exige la abrogación de la norma y advierte que, si no obtiene respuesta, la protesta podría convertirse en un paro nacional indefinido.
Un mazazo sobre la economía popular. Pasajes interdepartamentales que se duplican, sindicatos urbanos que presionan por hacer lo mismo y el precio del pan bajo presión: el ajuste del combustible ya comienza a sentirse donde más duele, en el bolsillo de quienes viven al día. Samuel Doria Medina reclama reacción inmediata del Gobierno, con negociación y subsidios focalizados para contener el impacto, además de proteger el precio del pan y generar empleo. Pero frente al tamaño del golpe, un plan de enlosetado, aunque pueda crear puestos de trabajo, corre el riesgo de quedarse en paño de agua tibia para una economía que necesita respuestas de mayor calado. “El tiempo corre”, advierte.
La renuncia del gerente departamental de la Contraloría en Santa Cruz, Glauco Montero, tras denunciar presiones externas, vuelve a poner en el centro del debate la independencia de las instituciones de control. La recepción de una denuncia sobre presuntas irregularidades en el manejo de combustible de YPFB debería activar los mecanismos previstos por la norma, no convertirse en una fuente de presión sobre quien tiene la responsabilidad de recibirla y canalizarla. El caso también expone una tarea pendiente que alcanza al Legislativo: avanzar en procesos de institucionalización que reduzcan la discrecionalidad política y otorguen mayores garantías a los funcionarios encargados de ejercer competencias técnicas y de control.
La reunión de Rodrigo Paz con Marco Rubio en Nueva York dejó una frase que merece más atención que la fotografía diplomática: para el secretario de Estado de Estados Unidos, la relación con Bolivia es “fundamental” para los planes bolivianos de obtener apoyo del FMI y reformar los sectores de combustibles, minería y energía. La declaración llega apenas días después de que Bolivia aprobara el acuerdo de financiamiento con el Fondo por $us 1.900 millones y de que el Gobierno eliminara la subvención al diésel.
La subvención al diésel ya fue levantada y ahora aparece la pregunta incómoda: ¿qué hace el Estado con los miles de millones que deja de gastar y quién debe recibir protección? El asambleísta José Manuel Ormachea plantea que el subsidio debería concentrarse únicamente en el transporte público y sostiene que prefiere esa política antes que mantener decenas de empresas públicas. La discusión cambia así de escenario: ya no se trata solamente de quitar la subvención, sino de decidir si el ahorro fiscal se convierte en inversión, en apoyo focalizado al transporte o simplemente desaparece dentro del gasto estatal.
En Perú comenzó a circular una propuesta para retirar y reemplazar a los congresistas que no demuestren resultados concretos en seis meses. La idea no es nueva en el debate internacional: Reino Unido tiene un mecanismo de recall bajo determinadas causales y varios países latinoamericanos contemplan la revocatoria de autoridades electas. Bolivia también tiene revocatoria, pero con una diferencia clave: no puede activarse hasta después de la mitad del mandato. Entonces aparece una pregunta incómoda: si el ciudadano entrega mediante el voto una delegación de poder por cinco años, ¿por qué tendría que esperar tanto para saber si su representante está cumpliendo?
Se acabó la subvención. Ahora el diésel mira al precio internacional y la calle mira su bolsillo. El problema es que el petróleo no pregunta si Bolivia puede pagar cuando sube: una guerra, una crisis o un salto del crudo afuera puede terminar encareciendo el combustible en el país, y detrás de ese tanque vienen el pasaje, el flete, los alimentos y el costo de vivir. ¿Bolivia está preparada para pagar el precio mundial del diésel, venga como venga?
El diésel ya cuesta Bs 17,95, casi el doble de los Bs 9,80 anteriores, pero las colas no desaparecen y en algunas ciudades el transporte comenzó a replegar sus unidades. Imagine al chofer de una cisterna: llegó con un presupuesto calculado con el precio anterior y la nueva tarifa lo agarró en curva; ahora necesita más billetes para llenar el tanque y todavía debe esperar por combustible. Si se eliminó la subvención para garantizar el abastecimiento, ¿por qué el diésel todavía no aparece donde más se necesita?
