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A un año de haber llegado al poder, Rodrigo Paz enfrenta una señal que no puede despachar con explicaciones políticas: su aprobación cae en las tres principales ciudades del eje troncal. Santa Cruz registra un desplome de 50 puntos porcentuales, Cochabamba pierde 33 y La Paz, 24. Los datos de Ipsos Ciesmori muestran que el respaldo inicial no se está consolidando y que la evaluación ciudadana de su Gobierno se deteriora. Si esta tendencia se mantiene, el Presidente podría entrar en una etapa de mayor desgaste político, con menos margen para negociar, impulsar reformas y sostener su agenda gubernamental.

El fiscal general preso, el presidente del órgano judicial prófugo, una Asamblea Legislativa atrapada en disputas por cargos y un Gobierno cuestionado por sus anuncios sin resultados. La descripción del analista Ramiro Calasich G. retrata una crisis que va más allá de los nombres y las siglas políticas: pone en discusión la autoridad, la credibilidad y la capacidad del Estado para cumplir sus funciones. Su llamado a recuperar la República de Bolivia abre un debate de fondo: ¿el problema está en el modelo de Estado, en quienes lo administran o en la incapacidad de hacer cumplir la Constitución y las leyes?

La destitución de Santiago Peña en Paraguay mediante un juicio político pone sobre la mesa una diferencia constitucional que merece atención en Bolivia: mientras el artículo 225 de la Constitución paraguaya permite al Congreso separar al presidente por mal desempeño de sus funciones, la Constitución boliviana no contempla un mecanismo equivalente. En Bolivia, el juicio de responsabilidades está diseñado para juzgar delitos cometidos durante el ejercicio del mandato, no para sancionar políticamente una gestión deficiente. Dos países vecinos, dos modelos distintos de control del poder presidencial.

Una denuncia que vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control y selección de funcionarios del Gobierno de Rodrigo Paz. Abel Loma, abogado de Claudia Cortez, testigo clave del caso coimas que involucra al exministro Juan Santos Cruz, sostiene que María José Fernández Quiroga, actual jefa de Gabinete del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, habría ofrecido $us 50.000 y Bs 200.000 a su defendida para evitar que denunciara al exministro y abandonara el país. La acusación adquiere dimensión política porque Fernández trabajó anteriormente con Santos Cruz y hoy forma parte del entorno de confianza de una de las principales autoridades del Ejecutivo.

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank y los cuestionamientos sobre sus vínculos empresariales, abre un nuevo escenario político en el país vecino. La salida del mandatario no solo pone a prueba la sucesión constitucional y la fortaleza de sus instituciones, sino que también plantea interrogantes para Bolivia sobre la estabilidad regional, la confianza de los inversionistas y la continuidad de los acuerdos bilaterales en comercio, seguridad e integración.

Rodrigo Paz propuso instalar en Bolivia el Centro Iberoamericano de Pensamiento Estratégico y de Seguridad, una instancia que busca articular conocimiento, cooperación e intercambio de información entre países para enfrentar al crimen organizado transnacional. La iniciativa, presentada durante la Cumbre Iberoamericana en España, abre una posibilidad para que el país asuma un papel más activo en la seguridad regional, pero también plantea un desafío: convertir una propuesta diplomática en una institución con respaldo internacional, financiamiento y capacidad efectiva de trabajo.

«Mientras la justicia busca a sus propias autoridades, la economía sigue esperando que alguien se ocupe de los problemas de la gente». La orden de aprehensión contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa, abre otro frente de incertidumbre institucional en Bolivia. El caso, declarado en reserva temporal, irrumpe en un país donde la preocupación económica no da tregua y la ciudadanía necesita algo más que sobresaltos políticos: seguridad jurídica, estabilidad y respuestas concretas.

En un Estado de derecho, ninguna autoridad del Órgano Ejecutivo puede atribuir responsabilidades penales ni instalar sospechas como si fueran conclusiones judiciales. La investigación de posibles delitos corresponde al Ministerio Público y la determinación de culpabilidad a los tribunales, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Por eso, las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que relacionan a Romer Saucedo con el exfiscal general Roger Mariaca y sugieren que su salida del país responde a esa cercanía, abren un debate mayor: ¿está el Gobierno respetando la independencia de las instituciones y los límites constitucionales de su autoridad?

Donald Trump convirtió las elecciones legislativas de medio término en una prueba de respaldo a su Gobierno y el resultado le dio una respuesta adversa: los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, desplazando a los republicanos de la mayoría en ambas instancias. El voto del 3 de noviembre refleja el malestar de una parte importante del electorado con el costo de vida, la inflación, la guerra con Irán y las preocupaciones por la corrupción. No significa que Trump deje la Presidencia, pero sí que afrontará sus dos últimos años de mandato con un Congreso opositor y menos margen para imponer su agenda.

«Yo, desde afuera, puedo ser más útil que estando en una cárcel o muerto». La frase de Romer Saucedo no es una advertencia menor: expresa el nivel de temor con el que un ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dice abandonar Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos. Denuncia que su libertad y la vida de su familia corren peligro, acusa al poder político de utilizar la justicia para perseguir a quienes considera incómodos y advierte sobre una posible fabricación de pruebas y amenazas contra su entorno. Si estas denuncias tienen sustento, el problema deja de ser individual: pone en cuestión las garantías que ofrece el Estado, la independencia judicial y la seguridad de quienes ejercen funciones públicas.