La salida de Marcelo Salinas y Beatriz García se produce en medio de las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y abre interrogantes sobre la estabilidad del Ejecutivo.
La CIDH ingresó al debate sobre la crisis boliviana con un mensaje claro: la protesta social es un derecho legítimo, pero los bloqueos no pueden impedir el acceso a salud, alimentos y servicios esenciales. En un pronunciamiento sobre la conflictividad que atraviesa el país, el organismo pidió priorizar el diálogo, habilitar corredores humanitarios y recordó que el uso de la fuerza debe constituir el último recurso del Estado.
Menos multas, menos intereses y mayores facilidades para regularizar deudas tributarias. La Ley N.º 1733 abre una nueva etapa para miles de contribuyentes bolivianos con un amplio régimen de alivio fiscal y la eliminación de cargas regulatorias vinculadas a las promociones empresariales, destaca el experto tributario Eduardo Garcés.
Cuando parecía que la situación judicial de Mario Argollo había dado un giro definitivo, la justicia aclaró que la suspensión de la orden de aprehensión en su contra tiene carácter provisional y que el fondo del caso aún debe ser resuelto. El alcance de la medida reabre el debate sobre los límites del fuero sindical y el uso de mecanismos constitucionales para frenar temporalmente actuaciones judiciales.
Cada impuesto que paga un ciudadano debería regresar en forma de obras y soluciones para la ciudad. Bajo esa premisa, el alcalde Manuel Saavedra puso en marcha una reorganización de la oficina de recaudaciones de la Alcaldía de Santa Cruz, acompañada de un proceso de digitalización y simplificación de trámites para cerrar espacios a la discrecionalidad y fortalecer los ingresos municipales. La visión coincide con la del analista Manuel Rodríguez, quien sostiene que una recaudación eficiente solo tiene sentido cuando los recursos son destinados a atender las necesidades de la población.
Leonardo Loza puso en manos de Rodrigo Paz una propuesta de 13 medidas para enfrentar la crisis económica que golpea al país. El gobernador cochabambino plantea una salida basada en producción, divisas y protección social, aunque el documento deja abierta la principal incógnita: cómo convertir esas ideas en resultados concretos.
En medio de una crisis marcada por bloqueos, problemas de abastecimiento y crecientes dificultades para el transporte de bienes y personas, el jurista Franz Rafael Barrios planteó una interpretación constitucional que traslada la discusión del terreno político al jurídico. Según su análisis, el mandato presidencial no solo otorga facultades, sino que impone obligaciones cuyo incumplimiento podría generar responsabilidades, abriendo además una interrogante sobre el alcance del término “ausencia” previsto en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, concepto que otros especialistas consideran debe interpretarse de manera restrictiva y vinculado a la imposibilidad objetiva de ejercer el cargo.
Mientras el Gobierno observa la crisis desde los escenarios políticos y continúa apostando por el diálogo, miles de bolivianos enfrentan largas filas y dificultades para abastecer sus hogares. La suspensión del ampliado de emergencia de la COB se produce en un momento en que la desesperación comienza a instalarse en las calles, donde cada vez más familias buscan alimentos básicos en medio de escasez, precios elevados e incertidumbre.
«Detectamos el problema y lo frenamos a tiempo». Ese es el mensaje central del comunicado difundido por YPFB sobre un lote de crudo importado que no cumplía las especificaciones. Pero en medio de la peor crisis de abastecimiento de los últimos años, la explicación oficial dejó sin respuesta las preguntas que más interesan a la población: quién hizo el negocio, cuánto costó y qué pasará con el dinero comprometido.
La crisis política y social ingresó este fin de semana en una nueva etapa luego de que la Justicia anulara la orden de aprehensión que pesaba sobre el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. La decisión judicial, obtenida mediante una acción de libertad presentada por su defensa, cambia el escenario de las negociaciones y deja en manos de un ampliado nacional la decisión sobre una eventual reunión con el Gobierno.
