En un encendido discurso desde Sucre, el presidente Luis Arce advirtió sobre lo que considera una «guerra económica» contra su gobierno, la cual, según él, tiene un trasfondo político con el objetivo de desestabilizar su gestión. Arce señaló directamente a Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho como parte de una alianza que busca debilitar su administración manipulando los precios de productos básicos como arroz, aceite y pollo. Estas acusaciones, realizadas en un contexto de creciente tensión económica, reflejan un intento de explicar las dificultades que enfrenta el país ante una población cada vez más crítica.
El mandatario reconoció los desafíos estructurales que aquejan a la economía boliviana, como la disminución de las reservas de gas y la creciente dependencia de combustibles importados. Aseguró que su gobierno ha tomado medidas para enfrentar estos problemas, aunque no detalló cuáles son ni los resultados esperados. Enfatizó que la estrategia de sus opositores busca generar incertidumbre y descontento social en su gestión y provocar una crisis política.
Sin embargo, las declaraciones de Arce han generado una ola de críticas desde diversos sectores políticos y empresariales. Líderes opositores calificaron las acusaciones de infundadas y señalaron que estas solo desvían la atención de los problemas reales que afectan a la población. Por su parte, representantes del empresariado sostienen que culpar a terceros no soluciona la crisis económica del país, instando al gobierno a adoptar políticas más claras y efectivas para enfrentar los retos económicos y sociales de Bolivia.
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