Marcelo Claure no tardó en reaccionar tras la visita de funcionarios del SIN al Club Bolívar. En redes sociales, denunció lo que considera un acto de “intimidación” por sus recientes posturas críticas hacia la gestión del gobierno. Para Claure, este tipo de acciones no son casuales y responden a un patrón de presión política contra voces disidentes. Su argumento cobra fuerza si se considera el contexto: un empresario influyente, con creciente participación en debates nacionales, ahora en la mira de la maquinaria fiscal.
Sin embargo, el Servicio de Impuestos Nacionales ha defendido su accionar con firmeza. Mario Cazón, presidente del SIN, aseguró que la visita no tenía como objetivo fiscalizar directamente al Club Bolívar, sino recabar información en el marco de una investigación a otro contribuyente. Según Cazón, este es un procedimiento rutinario, común en la administración tributaria, y acusó a Claure de crear “alarmismo innecesario” al politizar un acto administrativo estándar. La pregunta que queda en el aire es si este “procedimiento rutinario” hubiese generado la misma atención si no estuviera vinculado a una figura tan mediática.
El cruce de versiones refleja un problema de fondo: la desconfianza en la institucionalidad. En Bolivia, donde la instrumentalización de organismos estatales para fines políticos ha sido una práctica recurrente, resulta difícil separar lo administrativo de lo político. Claure podría estar exagerando o, tal vez, el SIN esté minimizando una acción con implicaciones más profundas. Sea cual sea la verdad, el episodio evidencia que, en el país, la fiscalización tributaria puede convertirse en un campo de batalla donde se disputan no solo cifras, sino también narrativas de poder.
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