El Decreto Supremo N° 5327, promulgado el 5 de febrero de 2025, genera preocupación en el sector empresarial boliviano, especialmente en la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que expresó su rechazo a la modificación del Artículo 7 del reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT). La normativa introduce cambios en la forma de compensación entre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el IT, lo que, según el sector privado, podría limitar la capacidad de las empresas para gestionar de manera eficiente sus obligaciones tributarias, afectando directamente su flujo de caja y su planificación financiera.
Expertos en materia tributaria advierten que esta modificación podría asfixiar a los contribuyentes, ya que se condiciona la compensación del IUE con el IT al pago oportuno del primero. En el caso de aquellos que opten por facilidades de pago debido a problemas de liquidez, solo las cuotas canceladas antes del vencimiento del IUE podrán ser compensadas, lo que limita significativamente este beneficio. Esta situación genera incertidumbre en el sector productivo, que considera que la medida podría impactar negativamente en la inversión y la sostenibilidad de las operaciones, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha salido al frente de las críticas, asegurando que el Decreto 5327 no elimina la compensación entre el IUE y el IT, sino que busca incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales. Según la entidad, la norma mantiene intacto el derecho a la compensación para quienes paguen el IUE dentro de los plazos establecidos, además de ofrecer facilidades de pago de hasta 30 meses para quienes enfrenten dificultades financieras. Sin embargo, el debate sigue abierto, con posiciones encontradas sobre el impacto real de la medida en la economía boliviana.
Redaccion central
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