El contrato de Asociación Accidental entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group (UOG) plantea serias preocupaciones sobre su viabilidad y beneficios reales para el Estado boliviano, señala la Fundación Milenio. Aunque formalmente se presenta como una asociación accidental, en la práctica se asemeja más a un contrato de obra bajo la modalidad «llave en mano». Esto se evidencia en la vigencia del contrato, de solo 18 meses, que no concuerda con el cronograma de construcción planteado, el cual se extendería hasta 2028 en tres fases. Esta contradicción deja abierta la interrogante sobre quién asumirá la responsabilidad de completar la planta una vez concluido el contrato inicial. Si el acuerdo se extingue antes de que la infraestructura esté plenamente operativa, la estatal boliviana podría verse obligada a buscar nuevos operadores o asumir la operación de una planta diseñada bajo especificaciones tecnológicas rusas. Esta situación generaría un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad contractual para el país, comprometiendo no solo recursos económicos, sino también la estrategia a largo plazo de la industrialización del litio.
Uno de los aspectos más controvertidos del contrato, según la Fundación Milenio, es la transferencia de la titularidad de la planta de UOG a YLB, condicionada a la firma de nuevos acuerdos. Aunque YLB posee el 51% de participación en la asociación accidental, no sería propietaria inmediata de la infraestructura, lo que coloca a la empresa estatal en una posición contractual débil. Desde una perspectiva legal, esto resulta inusual, ya que la mayoría accionaria debería garantizar el control efectivo del proyecto. Más preocupante aún es que YLB se compromete a devolver a UOG todos los costos incurridos en la construcción de la planta, estudios y actividades complementarias, lo que, en la práctica, convierte a la estatal boliviana en deudora de la inversión realizada. Este esquema contractual desnaturaliza el concepto de asociación accidental, ya que este tipo de contrato implica que ambas partes deben asumir riesgos en proporción a sus aportes, sin que uno de los socios deba reembolsar al otro. En cambio, bajo los términos acordados, UOG recupera su inversión asegurando un riesgo financiero mínimo, lo que coloca al Estado boliviano en una posición vulnerable y financieramente comprometida.
El riesgo financiero se agrava si se considera que UOG podría negarse a operar la planta tras su construcción, ya que este aspecto está sujeto a un contrato futuro independiente. De producirse este escenario, YLB tendría que asumir la operación de una planta diseñada con tecnología rusa, lo que implicaría desafíos técnicos, altos costos adicionales y la eventual necesidad de buscar un operador alternativo. Esta posibilidad otorga a la empresa rusa un considerable poder de negociación, pudiendo imponer condiciones desfavorables para Bolivia. La falta de garantías sobre la continuidad del proyecto y el retorno de dividendos para el Estado profundizan las dudas sobre la conveniencia del acuerdo.
Finalmente, el contrato se inscribe en una preocupante tendencia de adjudicación de proyectos estratégicos a empresas extranjeras con escasa transparencia y bajo condiciones onerosas para el Estado. Al igual que en contratos previos con compañías de países con regímenes autoritarios, se observa el riesgo de que el proyecto derive en compromisos financieros desventajosos, obras inconclusas o de baja calidad, y una explotación de recursos que no se traduzca en beneficios reales para la población. De modo que de acuerdo a la Fundación Milenio, no pasa simplemente por una socialización del documento sino fundamentalmente por un análisis técnico y jurídico para que las cláusulas favorezcan al pueblo boliviano.
Redaccion central y fundación Milenio
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