El violento asesinato del capitán Eiver Aldunate ha encendido las alarmas en Bolivia, al punto de que Evo Morales planteó la posibilidad de que el país se haya transformado en un “narcoestado”. “Ojalá no sea así, no quiero exagerar, pero hace pensar que ya estamos en un narcoestado. Policías metidos en narcotráfico, militares metidos con el narcotráfico”, declaró Morales, generando un intenso debate sobre la penetración del narcotráfico en las instituciones de seguridad. Sus palabras reavivan la preocupación por el control territorial del crimen organizado y la fragilidad institucional.
Leonardo Loza, senador y presidente de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, se sumó a la controversia con acusaciones directas al Ejecutivo. Loza afirmó que el Gobierno “digita una mentira” y prepara un “libreto” para encubrir lo que realmente ocurrió en Santa Cruz. El legislador anunció que solicitará un informe oficial al ministro Eduardo del Castillo, exigiendo explicaciones detalladas sobre las investigaciones en curso. Esta postura evidencia la creciente fractura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y profundiza el distanciamiento entre el ala radical y el Gobierno de Luis Arce.
Este episodio, que mezcla crimen, política y narcotráfico, pone al Gobierno en una encrucijada. La acusación de Morales sobre la existencia de un “narcoestado” y la denuncia de Loza sobre un presunto encubrimiento gubernamental amenazan con erosionar aún más la credibilidad institucional. En un escenario donde la confianza pública se tambalea, la transparencia en la investigación del asesinato del capitán Aldunate se perfila como un factor clave para evitar un mayor desgaste del Ejecutivo y frenar el avance del crimen organizado en el país.
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