Las palabras de Claure fueron directas: «No hay seguridad jurídica, te extorsionan desde impuestos, no hay dólares, y el gobierno no respeta la propiedad privada.» Aseguró que el día en que Bolivia tenga nuevas reglas claras y justas, será el primero en volver a invertir. Su mensaje apunta a un clima hostil para los emprendedores que, según él, está marcado por la incertidumbre normativa y la coerción desde instituciones estatales.
A esta crítica se sumó Carla Meier Kirzner, quien ratificó el mensaje de Claure enfatizando que las inversiones requieren un entorno estable y libre de presiones políticas. «No se invierte en un ataúd. Punto», sentenció, en alusión al contexto restrictivo que, a su juicio, ahuyenta capitales. Para Meier, el respeto a la iniciativa privada y la garantía de pensar diferente sin ser penalizado son condiciones mínimas para invertir.
Sergio Alejandro Gonzáles complementó el panorama con datos duros: Bolivia registra una de las tasas más altas de informalidad en Latinoamérica, cercana al 85%. Esta cifra, sumada a la caída de la inversión extranjera directa, refleja lo que él llama «la desconexión del gobierno con la realidad productiva». La libre elección del destino del capital, advierte, se inclina naturalmente hacia países que brindan previsibilidad y protección legal.
En el contexto regional, Bolivia aparece rezagada frente a vecinos como Perú, Colombia o Chile, que han logrado atraer inversión gracias a marcos regulatorios más estables y economías parcialmente abiertas. Aunque esos países enfrentan también tensiones políticas, su institucionalidad permite generar mayor confianza a largo plazo.
El gobierno, por su parte, ha reiterado en diferentes oportunidades que promueve la inversión privada y que trabaja en mejorar la eficiencia del aparato estatal. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado revertir la percepción de riesgo que expresan varios empresarios. En lugar de atraer capital, las señales ambiguas parecen seguir generando dudas.
Más allá del debate político, lo que emerge con fuerza es la urgencia de establecer condiciones favorables para la inversión. Esto incluye seguridad jurídica, reglas claras, respeto a las libertades y un sistema tributario que no sea percibido como herramienta de presión. La recuperación económica sostenible dependerá, en buena medida, de si Bolivia logra enviar un mensaje claro al inversor: aquí se puede crecer sin miedo.
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