Las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, marcan un punto de inflexión en la narrativa gubernamental sobre Evo Morales. Al reconocer públicamente que existen “infiltrados dispuestos a generar muertes” dentro de los grupos que protegen al exmandatario, el gobierno revela su impotencia operativa en una región donde el exlíder cocalero todavía ejerce influencia directa.
La orden de aprehensión contra Morales, imputado por el delito de trata de personas con agravantes, está congelada en los hechos. Aguilera señaló que “el riesgo sobre la vida no solo afecta a los efectivos policiales, sino también a la población civil movilizada” en su defensa. Esta situación coloca al Estado en una encrucijada: intervenir y posiblemente desencadenar un conflicto sangriento, o retroceder y aceptar un precedente que erosiona el principio de igualdad ante la ley.
Morales, quien gobernó Bolivia durante casi 14 años, ha negado todas las acusaciones. Sin embargo, el caso —que incluye la presunta relación con una menor en 2015— ha escalado desde lo judicial a lo político y ahora a lo estratégico: ¿cómo hacer cumplir la ley en un territorio donde la autoridad del Estado es parcial, cuando no nula?
El mensaje entre líneas es tan inquietante como evidente: el gobierno teme un estallido si intenta tocar a Morales. Y mientras tanto, el tiempo corre y la justicia se aplaza. La historia juzgará si esto fue una medida prudente para evitar un derramamiento de sangre o la confirmación de que hay zonas en Bolivia donde el poder del Estado se diluye.
Redacción central y agencias
Portada gentileza Abi
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