En una jornada maratónica de más de 10 horas, el exministro de Justicia, César Siles, fue enviado con detención preventiva al penal de Patacamaya por decisión del juez de instrucción en lo penal que lleva adelante el caso “consorcio”, una investigación que sacude nuevamente los cimientos del sistema judicial boliviano.
Siles, abogado de profesión y exautoridad del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue imputado formalmente por los delitos de tráfico de influencias y consorcio, luego de que el Ministerio Público revelara presuntas conversaciones entre él y el juez de Coroico, Marcelo Fernando Lea Plaza. Dichos intercambios habrían tenido como objetivo coordinar un fallo judicial contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, buscando su suspensión mediante mecanismos extralegales.
Aunque inicialmente la Fiscalía solicitó que Siles sea enviado por seis meses a la cárcel de San Pedro, el juez del caso dispuso que cumpla cinco meses de reclusión en el penal de Patacamaya, conocido por albergar a implicados en casos de alto perfil. La decisión se basó en los riesgos procesales identificados: peligro de fuga, obstaculización del proceso y la gravedad de las acusaciones.
La defensa de Siles anunció que apelará la medida cautelar, argumentando irregularidades en la actuación fiscal, falta de pruebas materiales y supuesta presión política en la investigación. “Esta es una medida desproporcionada y sin sustento”, declaró su abogado tras la audiencia.
El caso “consorcio” reaviva el debate sobre la independencia del Órgano Judicial y las presiones externas que afectan la imparcialidad de jueces y magistrados. Varios sectores cívicos y políticos han exigido que se investigue de manera imparcial y profunda todas las conexiones de esta red que, de confirmarse, estaría instrumentalizando la justicia con fines políticos.
El caso no solo implica a Siles y Lea Plaza, sino que podría derivar en una serie de revelaciones que impliquen a más actores del aparato estatal y judicial, en un contexto de crisis institucional y desconfianza creciente hacia el sistema de administración de justicia en Bolivia.
Redaccion central y agencias
Portada gentileza DTV
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