La judicialización del proceso electoral en Bolivia cobra fuerza tras una acción de cumplimiento que podría dejar fuera de carrera a varios candidatos por no haber renunciado a sus cargos antes de postularse, en contravención directa a la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta crecientes críticas por haber habilitado postulaciones que podrían ser inconstitucionales.
En una reveladora entrevista, el presidente de Bolivia, Luis Arce, reconoció públicamente la profundidad de la crisis económica que atraviesa el país, señalando que Bolivia “vive al día” por la falta de dólares, utilizados en su mayoría para importar combustibles y pagar la deuda externa. La admisión rompe con la narrativa oficial previa, que atribuía la situación a factores especulativos, y refleja el agravamiento de una coyuntura marcada por desabastecimiento, inflación y una creciente crisis política y judicial de cara a las elecciones de 2025.
La advertencia es clara y contundente: Bolivia enfrenta una amenaza creciente de impago de deuda externa a partir de 2026, según la rebaja de la calificación crediticia emitida por S&P Global Ratings. La calificación cae a ‘CCC-’, situando al país en el umbral más bajo del grado especulativo, conocido como “bonos basura”, y revelando una profunda crisis de confianza en la economía nacional. ¿Está preparado el gobierno de Luis Arce para sortear esta tormenta financiera o dejará que el próximo gobierno enfrente la situación a mayor costo social?
A un año exacto de la sorpresiva irrupción militar en la plaza Murillo, el exgeneral Juan José Zúñiga reapareció con un manifiesto que desafía la narrativa oficial sobre el 26 de junio de 2024. En el texto, conocido por Erbol, niega el intento de golpe de Estado y denuncia que él y sus camaradas han sido “trofeos políticos” del Gobierno. Su carta lanza una dura crítica a la instrumentalización política de las Fuerzas Armadas y revive un episodio aún no saldado en la memoria nacional.
Jaime Dunn, líder de Nueva Generación Patriótica (NGP), presentó este miércoles su postulación presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), desatando celebraciones con sus seguidores en puertas de la entidad. Sin embargo, persisten dudas sobre la validez del documento entregado —aparentemente no se trataría de una solvencia fiscal oficial emitida por la Contraloría—, por lo que será el TSE quien determine si cumple o no con los requisitos para quedar habilitado como candidato.
En el marco del Foro Agropecuario 2025, celebrado este 25 de junio en Santa Cruz, la seguridad jurídica emergió como la principal demanda del sector agropecuario, un pilar clave de la economía nacional. Sin embargo, la reiteración de este clamor revela una verdad incómoda: en Bolivia, las garantías legales siguen atrapadas entre discursos electorales y un sistema judicial sumido en crisis. Candidatos como Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa ofrecieron soluciones superficiales, pero evitaron lo esencial: cómo reformar un poder judicial politizado, lento y vulnerable a la corrupción.
Desde su nuevo instrumento político EVO Pueblo, Evo Morales ha intensificado su discurso con tintes históricos y morales. En una publicación reciente, arremetió contra quienes —a su juicio— han abandonado los principios del proceso de cambio. Lo hizo apelando a la lealtad del pueblo y condenando lo que considera actos de traición, en un momento en que la ruptura con el oficialismo liderado por Luis Arce parece definitiva.
Más de 313.000 bolivianos retiraron sus ahorros previsionales durante la pandemia gracias a la Ley N° 1392. Hoy, muchos podrían enfrentar la vejez sin pensión contributiva y con apenas Bs 300 mensuales de Renta Dignidad. Lo que fue una solución de emergencia podría convertirse en una bomba social de tiempo.
En el acto por el 199 aniversario de la Policía Boliviana, el presidente Luis Arce lanzó una dura acusación contra Evo Morales y su círculo político, responsabilizándolos de fomentar bloqueos violentos con fines desestabilizadores, que habrían derivado en el asesinato de cuatro policías. El mandatario denunció públicamente que estas protestas, supuestamente pacíficas, tenían un objetivo oculto: frenar el proceso electoral y generar caos.
El presidente Luis Arce declaró este martes Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la epidemia de sarampión en Bolivia, tras más de 50 casos confirmados en tres departamentos. La medida busca fortalecer la respuesta estatal y garantizar la protección de la niñez a través de un plan estratégico de contención y vacunación.
