La crisis económica en Bolivia se profundiza. El presidente Luis Arce advirtió que el abastecimiento de diésel y gasolina está en riesgo debido a la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, mientras las filas en surtidores y las protestas sociales evidencian una creciente tensión política y económica.
En medio de una profunda crisis económica, Samuel Doria Medina presentó su plan “La Fiesta se Acabó”, que propone cerrar el periódico estatal Ahora el Pueblo y reestructurar Bolivia TV para reducir el gasto público. Según el candidato, estas medidas ahorrarían 95 millones de bolivianos anuales y buscan eliminar gastos considerados propagandísticos para redirigirlos a áreas prioritarias como salud y educación. La propuesta generó reacciones divididas sobre el rol de los medios estatales y el impacto laboral.
Desde la cárcel de Chonchocoro, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho volvió a confrontar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a Evo Morales, acusándolos de impulsar un “golpe de Estado” para suspender las elecciones generales de agosto de 2025. Su denuncia apunta a la reciente declaración de la CSUTCB, organización afín a Morales, que propuso frenar los comicios, lo que para Camacho sería un atentado directo contra la democracia boliviana.
El Tribunal Supremo Electoral advierte sobre presiones políticas y campañas de desinformación que buscan frenar el proceso democrático. Las elecciones generales están convocadas para el 17 de agosto de 2025, pero el clima político sigue tenso.
