La Paz, 8 de julio de 2025 – El candidato presidencial por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, presentó este martes su propuesta de decreto supremo denominada “La Fiesta se Acabó”, que contempla la eliminación del periódico estatal Ahora el Pueblo y la reestructuración de Bolivia TV (BTV). Según el aspirante presidencial, estas medidas permitirían un ahorro de hasta 95 millones de bolivianos anuales, como parte de un plan más amplio orientado a reducir el gasto público.
Cierre de Ahora el Pueblo
Doria Medina calificó a Ahora el Pueblo como un medio que actúa como “instrumento de desinformación y culto a la personalidad presidencial”, cuestionando su aporte al interés público. Estimó que su cierre generaría un ahorro de aproximadamente 20 millones de bolivianos por año.
Respecto al personal que trabaja en el periódico, propuso que los trabajadores no jerárquicos sean reasignados al Viceministerio de Comunicación para participar en campañas de salud, educación y otras de interés social. Sin embargo, no presentó detalles sobre cuántos funcionarios serían reubicados ni bajo qué condiciones. Los cargos directivos serían eliminados, en el marco de su política de reducir estructuras administrativas consideradas innecesarias.
Ahora el Pueblo, creado durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha sido criticado por sectores opositores que lo señalan como un medio gubernamental de línea editorial oficialista.
Reestructuración de Bolivia TV
La propuesta también incluye un “reordenamiento” de Bolivia TV (BTV), el canal estatal. Aunque el candidato no detalló medidas específicas, mencionó la necesidad de optimizar la operación del canal y reducir gastos operativos. Entre las posibles acciones, citó la eliminación de contratos considerados innecesarios, ajustes en la producción de contenidos y una orientación de la programación hacia fines educativos y culturales.
Bolivia TV, fundado en 1969 y reformulado bajo gestiones del MAS, ha enfrentado críticas por su alineamiento editorial con el oficialismo y cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera. Según Doria Medina, el canal debe cumplir un rol de servicio público y no ser utilizado como un “aparato de propaganda”.
Contexto económico y reacciones
Estas medidas forman parte del “Plan 100 días carajo”, que prevé recortes por más de 2.483 millones de bolivianos en gastos públicos, incluyendo partidas como publicidad estatal, viáticos, refrigerios y ceremonias oficiales. El plan se enmarca en un contexto económico complicado, con un déficit fiscal superior al 10% del PIB, deuda pública que bordea el 92,4% del PIB según el FMI, inflación de dos dígitos y dificultades en el acceso a divisas y combustibles.
En redes sociales, la propuesta ha generado reacciones mixtas. Algunos usuarios respaldaron la eliminación de medios estatales señalando su costo fiscal y su rol político, mientras que otros manifestaron preocupación por el impacto laboral y cuestionaron si los ahorros propuestos tendrían un efecto significativo frente a la magnitud de la crisis económica.
Analistas como Carlos Justiniano señalaron que, aunque la reducción del gasto estatal es un paso en la dirección de la austeridad, no resuelve por sí sola las tensiones estructurales entre el tamaño del Estado y la capacidad fiscal del país. Por su parte, sectores afines al MAS podrían interpretar la propuesta como un intento de debilitar instituciones estatales.
Desafíos e implicaciones políticas
Las medidas propuestas reflejan la intención de Doria Medina de presentar un modelo de gobierno más austero y eficiente, coherente con su discurso de “capitalismo con rostro humano”. No obstante, la implementación de estos cambios enfrentaría resistencias políticas, gremiales y laborales, especialmente en lo relativo a la reubicación del personal afectado y la redefinición del rol de Bolivia TV.
Con las elecciones generales de agosto de 2025 en el horizonte, Doria Medina busca diferenciarse como un candidato pragmático frente a un MAS que enfrenta divisiones internas y cuestionamientos sobre la gestión económica. El éxito político de su propuesta dependerá de su capacidad para convencer a la ciudadanía de que los recortes planteados son viables, responsables y no afectan derechos laborales ni el acceso a información plural.
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