Mientras la justicia flexibiliza las medidas cautelares a favor de Luis Fernando Camacho, en la cárcel de mujeres San Sebastián de Cochabamba estalló una protesta inesperada. Las internas levantaron carteles con la consigna “Todos somos iguales ante la ley”, exigiendo que la revisión de plazos procesales también se aplique a sus casos, muchos de ellos estancados durante años sin sentencia.
Con un aire de frustración y soledad política, Edmand Lara rompió el silencio: “Me dejaron solito para batirme”, reclamó el candidato del PDC, mientras denunciaba persecución y acusaba a sus propios legisladores de darle la espalda en plena campaña.
Entre brochazos de optimismo y promesas de un “nuevo mar de gas”, el gobierno del MAS intenta despedirse mostrando un país fortalecido. Sin embargo, la realidad económica apunta a un cuadro distinto: agujeros fiscales maquillados, reservas internacionales menguadas y un tipo de cambio sostenido con alfileres. El analista Gonzalo Chávez resumió con ironía el escenario: “No mamen”.
La crisis política y social de 2019 vuelve al centro del debate nacional. Mientras la ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó que en Bolivia “nunca ha habido presos políticos” y que todos los procesos respetaron el debido proceso, el presidente Luis Arce advirtió que, a seis años de los hechos, la justicia para las víctimas sigue siendo una deuda pendiente que no puede quedar en la impunidad.
En solo 15 días, empresarios y emprendedores bolivianos despegarán hacia Miami para participar en la feria Americas Food & Beverage (AFB), la plataforma más importante de alimentos y bebidas de Estados Unidos y Latinoamérica. Organizada por Doing Business International (DBI) por 15º año consecutivo, la misión promete oportunidades únicas de negocios y expansión internacional.
La reciente reunión entre el presidente Luis Arce y el candidato presidencial Rodrigo Paz, acompañado por el economista José Gabriel Espinoza, encendió las alarmas sobre la crítica situación económica de Bolivia. Según expertos y exlíderes políticos, el país enfrenta el riesgo de no cumplir con las amortizaciones de su deuda externa, un escenario que podría derivar en moratoria y cerrar las puertas a la ayuda financiera internacional.
The release of Marco Pumari and the granting of house arrest to Luis Fernando Camacho not only reignited the opposition in Santa Cruz and Potosí, but also placed Bolivia’s Supreme Court at a crossroads. After mistakenly applying the review of pretrial detention only to three emblematic cases, the challenge ahead is clear: to prove that justice in Bolivia does not serve political parties, but instead acts with impartiality, without privileges, and with the speed that the law requires for all citizens.
Lo que debía ser una campaña centrada en propuestas económicas terminó convertido en un terremoto político: Rodrigo Paz, con ventaja en votos y escaños, exigió a Jorge “Tuto” Quiroga que renuncie a la segunda vuelta del 19 de octubre. El pedido, que Paz vistió de “acto de grandeza”, destapó acusaciones, encendió las redes y reveló la fragilidad de una contienda marcada más por egos que por soluciones a la inflación, el desabastecimiento y la crisis que golpea a los hogares bolivianos.
Una sala repleta de tensiones, miradas expectantes y un fallo que sacude a Bolivia: el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción otorgó libertad a Marco Antonio Pumari y arresto domiciliario a Luis Fernando Camacho en el caso “Golpe de Estado I”, marcando un antes y un después en el debate sobre la justicia y la política en el país.
Mientras YPFB rechaza a Pegasus por no presentar oferta ni documentos legales válidos, el excandidato presidencial Manfred Reyes Villa dio un giro al debate mostrando tres contratos que, según afirma, permitirían traer combustible a 5 bolivianos el litro. Además, señaló que presentó un proyecto de ley para viabilizar esta alternativa y garantizar suministro directo a transportistas y ciudadanía.
