El caso de La Época reaviva el debate sobre el uso discrecional de la publicidad estatal en Bolivia. La diputada opositora Janira Román denunció que el medio, presuntamente vinculado al exministro Hugo Moldiz y cercano al Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo 17 contratos directos que suman 2.6 millones de bolivianos (unos 376,000 dólares). Según documentos del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), estos recursos fueron destinados a “gestión política-comunicacional”, pese a que el semanario ha sido calificado como un medio de escaso alcance.
La acusación apunta también a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, a quienes se atribuye haber favorecido la concentración de contratos. Aunque la denuncia fue admitida por el Viceministerio de Transparencia, expertos advierten que es poco probable que prospere sin pruebas directas de tráfico de influencias, como comunicaciones internas o testimonios que revelen coordinación política.
El trasfondo revela un problema estructural. En Bolivia, el Decreto Supremo 181 permite contrataciones directas con justificaciones genéricas, sin exigir métricas objetivas sobre impacto, audiencia o costo-beneficio. Este vacío normativo, que Reporteros Sin Fronteras viene cuestionando desde 2015, facilita que los fondos públicos se utilicen con fines políticos. Organismos como la CIDH y la UNESCO han pedido reiteradamente a los gobiernos latinoamericanos reformar sus marcos legales para garantizar pluralidad, competencia justa y criterios técnicos en la asignación de publicidad estatal.
La falta de adaptación a la era digital agrava la situación. Mientras medios en línea permiten medir alcance mediante tráfico web e interacciones sociales, la normativa boliviana sigue pensada para medios tradicionales, lo que deja espacio a que publicaciones de bajo impacto reciban recursos sin justificar resultados. “La normativa no está preparada para la realidad actual, y eso abre la puerta a la discrecionalidad”, sostuvo un especialista en libertad de prensa.
Aunque La Época podría respaldar su gestión con contratos y comprobantes de publicación, la ausencia de auditorías independientes y de una ley de acceso a la información impide verificar la efectividad de esos gastos. En este contexto, la asignación de millonarios contratos a un medio afín al oficialismo refuerza las críticas de falta de pluralidad en Bolivia y mantiene al país bajo la observación de organismos internacionales.
El caso, además, no es aislado. La distribución de publicidad estatal ha sido señalada de forma recurrente como un mecanismo para premiar a medios cercanos y presionar económicamente a los críticos. Sin reformas profundas que incluyan licitaciones públicas, criterios objetivos y controles externos, la gestión de estos fondos seguirá marcada por la opacidad y el riesgo de censura indirecta.
Redacción central La Paz
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