La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación penal contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), acusado de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El proceso fue activado por una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que detectó movimientos bancarios irregulares en las cuentas de Flores y dos exfuncionarias, Daniela E.A.D. y Marbel J.V.O. “Existen montos de dinero que no se ajustan a sus ingresos como servidores públicos”, informó el fiscal Johan Muñoz en contacto con ERBOL.
El caso gira en torno a la planta procesadora de papa en El Alto, adjudicada en 2022 por Bs 162 millones e inaugurada en septiembre de 2024 por el propio presidente Luis Arce. Actualmente, la obra está bajo auditoría para establecer el daño económico al Estado, aún no cuantificado. Flores, que dirigió Emapa desde mayo de 2021 hasta su renuncia irrevocable el 1 de septiembre de este año, arrastraba críticas por irregularidades en contratos y fallas en la distribución de harina subvencionada. Uno de los más cuestionados fue con la empresa TEJSER SRL en Guarayos, que ocasionó una pérdida de Bs 9 millones al incumplir con la producción de maíz comprometida.
El caso tomó un giro político cuando el diputado evista Héctor Arce acusó a Flores de haber autorizado compras de granos por Bs 18 millones a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente. “Esto es parte de una estructura para enriquecer a la familia Arce”, denunció. Además, se investiga si existen vínculos entre los fondos de Emapa y supuestos movimientos financieros irregulares vinculados a Rafael Arce, que superarían los Bs 94 millones, así como la compra de predios en Santa Cruz por Bs 63 millones con créditos estatales. “El acopio de granos en Emapa está abierto a todos los productores, sin exclusiones”, había respondido Flores, aunque las denuncias siguen acumulándose. Desde el Senado, el evista Hilarión Mamani pidió ampliar la pesquisa al propio presidente y su entorno familiar.
La Fiscalía solicitó arraigo contra Flores para evitar su salida del país, mientras la ASFI rastrea flujos de dinero sospechosos. Panificadores independientes también exigieron medidas urgentes, señalando el rol “clave” del exgerente en la trama. El nuevo gerente de Emapa, Richard Wilmer Rojas, prometió “unidad y transparencia” en la entidad para dejar atrás los cuestionamientos. Sin embargo, las tensiones políticas siguen en aumento: el ala “evista” acusa al gobierno de nepotismo y malversación, mientras la oposición reclama auditorías públicas y rendición de cuentas.
La investigación apenas comienza, pero analistas advierten que, si se confirman los nexos familiares, el caso podría transformarse en un punto de quiebre político para el oficialismo.
Redacción central La Paz
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