El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó una operación de venta futura de 8,4 toneladas de oro en el mercado internacional, lo que ha abierto un intenso debate no solo sobre la técnica financiera utilizada, sino también sobre su legalidad y sus efectos reales en la economía nacional. Según el economista Jaime Dunn, se trata de una transacción común en los mercados internacionales y no implica comprometer las reservas físicas actuales. El BCB, explicó, se obligó a entregar el oro dentro de un año y podría ir adquiriéndolo en el mercado interno o, en su defecto, liquidar la operación por diferencias de precios. En ese sentido, Dunn recalcó que no se trata de un “empeño” de las reservas, sino de una estrategia de gestión de liquidez, incluso respaldada con opciones call para protegerse de una eventual subida del precio del metal.
Sin embargo, el punto débil de la operación estaría en su respaldo legal. Dunn señaló que la venta se sustenta en una disposición de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, lo que podría ser inconstitucional, ya que una norma presupuestaria no debería modificar lo establecido en leyes específicas sobre la administración de reservas internacionales. Esto abre un debate sobre la necesidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga un rol más directo en la autorización de este tipo de maniobras.
Frente a esta visión, el economista José Fernández cuestionó duramente el análisis y denunció que en la práctica el BCB paga en bolivianos por el oro que compra, pero se queda con los dólares, lo que a su juicio constituye una “estafa que se paga con devaluación”. A este argumento se sumó la reflexión de un usuario identificado como jcpereirasta, quien recordó una máxima de la teoría monetaria: “El dinero es fungible”, es decir, no importa de qué bolsillo provenga el gasto o el activo comprometido, el efecto final en la economía es el mismo. Bajo esa lógica, no habría diferencia entre comprometer reservas actuales o futuras adquisiciones de oro, ya que en ambos casos el impacto se traslada a las cuentas nacionales y a la confianza en la moneda.
Así, lo que a primera vista puede parecer una estrategia técnica válida para obtener liquidez en tiempos de estrechez externa, en el fondo se convierte en un dilema político, legal y económico de alto alcance. La verdadera dimensión de la operación dependerá no solo de la forma en que se liquide —con entrega física del oro en un año o mediante compensación financiera—, sino también de si logra superar el examen de constitucionalidad y, sobre todo, de la percepción ciudadana sobre si Bolivia está protegiendo su patrimonio estratégico o comprometiéndolo en una dinámica de riesgo creciente.
Redacción central La Paz
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