La propuesta legislativa para habilitar la destitución del vicepresidente Edmand Lara reactivó un viejo debate que Bolivia evita enfrentar: la necesidad de mecanismos constitucionales equilibrados tanto para el vicepresidente como para el presidente. Analistas y ciudadanos coinciden en que, si se crea una causal para una autoridad, debe existir también para la otra. De lo contrario, el país solo profundizará una arquitectura de poder asimétrica e incompleta.
El proyecto, presentado como respuesta a presuntos actos de obstaculización e ingobernabilidad, desnuda una fragilidad más profunda: Bolivia carece de una justicia con credibilidad suficiente para procesar conflictos de alto nivel político. Sin árbitros imparciales, cualquier causal de destitución se convierte en un instrumento de lucha interna, no en un mecanismo de protección institucional. La prórroga de magistrados, la falta de elecciones judiciales y la politización de fallos alimentan esta desconfianza pública.
Mientras se discute la salida de Lara, muchos recuerdan que la Constitución prevé revocatoria, pero no un sistema claro de destitución política para el presidente. Abrir esa puerta sin antes reconstruir la institucionalidad judicial sería riesgoso: podría aumentar la inestabilidad en un país donde los equilibrios ya son frágiles. La verdadera discusión que emerge no es solo jurídica, sino democrática: Bolivia necesita reglas claras, justas y aplicables a todos los niveles del poder, sostenidas por una justicia independiente que hoy, según la percepción ciudadana, es casi inexistente.
Redacción central La Paz
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