La tragedia de Cotapachi sacudió al país: dos muertos, heridos, un subteniente señalado y un vicepresidente exigiendo sanciones inmediatas. Pero en medio del clamor político, una verdad jurídica se impone: antes de cualquier castigo, Bolivia necesita una investigación impecable que determine qué pasó realmente en ese operativo.
En su primera pulseada directa con el Gobierno de Rodrigo Paz, los choferes sindicalizados dejaron caer una advertencia que retumbó en la Casa Grande del Pueblo: “La subvención no se toca sin socialización”. El mensaje, lanzado de frente por Lucio Gómez, no solo congeló cualquier intento de ajuste inmediato, sino que reveló la sensibilidad de un tema capaz de mover —o paralizar— al país entero. En un encuentro marcado por tensiones silenciosas, los transportistas pusieron la primera línea roja al nuevo Gobierno, justo cuando éste aún mide su margen político.
El Gobierno anunció con fuerza la eliminación de impuestos para reactivar la economía, pero la realidad es otra: no existe ninguna ley que lo haga posible. Rodrigo Paz prometió un giro económico histórico, pero el Ejecutivo aún no concreta el paso más básico: enviar los proyectos para abrogar los tributos. En Bolivia, donde cada día pesa en la confianza, esta brecha entre anuncio y acción empieza a convertirse en un problema.
La presentación del Presupuesto General del Estado 2026 abrió un conflicto inmediato en el Congreso multipartidista: mientras el Gobierno del PDC intenta asegurar continuidad y gobernabilidad, Alianza Libre acusa un “pacto de indulgencia fiscal” que prolonga la crisis dejada por el MAS y mantiene un déficit insostenible. El debate anticipa un 2026 marcado por tensiones políticas, ajustes inevitables y un escenario económico al límite.
En Bolivia se abre un nuevo capítulo para el árbitro electoral: más de 400 ciudadanos decidieron dar un paso al frente y postularse para renovar el Tribunal Supremo Electoral. Entre abogados, activistas, académicos y periodistas como Raúl Peñaranda, la pulseada por la transparencia entra en una fase decisiva. El país observa, expectante, quiénes serán los nuevos guardianes del voto.
La mayor trama de corrupción en el sector hidrocarburífero de los últimos años vuelve a sacudir al país. La imputación contra Armin Dorgathen llega en el punto más crítico de la crisis de combustibles, mientras la ciudadanía exige certezas y la política intenta capitalizar el escándalo. Todo ocurre con el exejecutivo fuera del país, una estatal debilitada y un Ministerio Público bajo presión.
En Bolivia, la carne vuelve a convertirse en el centro de una tormenta social. Mientras el Gobierno insiste en que hay suficiente producción para exportar, los precios en los mercados siguen trepando hasta los 80 bolivianos por kilo, desatando frustración, enojo y desconfianza. Carniceros molestos, consumidores divididos y un país preguntándose lo mismo: ¿se puede abrir las fronteras sin vaciar la olla de los bolivianos?
Cuando un ministro debe salir a aclarar lo que él mismo dijo, el problema no es el 50/50… es la comunicación. El Ministerio de Economía tuvo que emitir un comunicado para frenar la confusión, mientras los medios se preguntan por qué José Gabriel Espinoza afirmó algo distinto horas antes. En un Gobierno que recién empieza, cada palabra pesa, y un desliz puede costar más que un mal titular.
Cuando un ministro debe salir a aclarar lo que él mismo dijo, el problema no es el 50/50… es la comunicación. El Ministerio de Economía tuvo que emitir un comunicado para frenar la confusión, mientras los medios se preguntan por qué José Gabriel Espinoza afirmó algo distinto horas antes. En un Gobierno que recién empieza, cada palabra pesa, y un desliz puede costar más que un mal titular.
Rodrigo Paz inicia su gobierno con fuerte respaldo: el 65% de los bolivianos aprueba su gestión en el primer mes, según Ipsos Ciesmori. Santa Cruz lidera el apoyo con un 71%, pese a que no respaldó al mandatario en las elecciones, gracias a sus primeras gestiones con empresarios locales.
