Diez años después, un proyecto olvidado del Fondo Indígena vuelve del silencio… y detona la caída de quien alguna vez señaló a otros. La detención de Lidia Patty no solo reabre un caso dormido, sino también una verdad incómoda: en Bolivia, los expedientes no prescriben… esperan el momento político adecuado para despertar.
En Santa Cruz estalló una historia que incendió las redes: un cartel que decía “PROHIBIDO TIKTOKERS” desató la sensación de que los restaurantes se habían rebelado contra quienes pedían comida gratis a cambio de un video. Entre aplausos, memes y rabia acumulada, miles creyeron que la ciudad había dicho “hasta aquí”. Pero el escándalo tenía un giro inesperado: no era una protesta, era pura publicidad disfrazada de revuelta.
Bolivia vuelve a mirar al cielo. La llegada del Boeing 767-300ER a Viru Viru no es solo la incorporación de una aeronave: es el primer paso para recuperar la confianza perdida y demostrar que, con gestión y disciplina, el país puede reconectarse con el mundo. BoA apuesta por estabilizar rutas internacionales, mejorar su servicio y reconstruir la puntualidad que los pasajeros exigen. El desafío recién comienza, pero el rumbo empieza a alinearse.
En Chile ya no basta con publicar una noticia: cada dato es sometido al escrutinio feroz de miles de usuarios que revisan, corrigen y desarman cualquier relato en segundos. Los medios tradicionales ya no dictan la verdad; ahora la verdad se construye —o se derrumba— en tiempo real, entre tendencias, murmullos y capturas que no perdonan.
En Bolivia basta con mencionar la palabra “oro” para que el país tiemble. El propio Banco Central abrió un tema que nadie quería tocar: la posibilidad de analizar, en el futuro, el uso de las reservas auríferas más sensibles del país. No hay proyecto de Ley, no hay reforma en marcha, pero sí un mensaje claro: el debate ya no es técnico, es político y social, y el Gobierno deberá convencer a un país desconfiado de que ese oro no será “gastado”, sino resguardado con transparencia.
Mientras el Gobierno celebra la apertura de Egipto como nuevo mercado para exportar carne de res y pollo, en los mercados del país la realidad golpea distinto: la carne supera los 70 bolivianos y forma parte de los productos de la canasta familiar con aumentos sostenidos. La contradicción es evidente. Antes de festejar utilidades externas, Bolivia debe garantizar que su propia gente acceda a alimentos a precio justo. Si los precios siguen subiendo, el problema no está en la exportación, sino en una cadena de comercialización donde alguien está ganando más de lo que debería. Y eso exige respuestas.
Economía celebra el 0,40% de inflación en noviembre, pero detrás del arte oficial publicado como un logro hay una verdad incómoda: sí, el dato es positivo… pero no alcanza para cantar victoria. Con una inflación acumulada que bordea el 20%, noviembre luce más como un respiro pasajero que como el inicio de la estabilidad prometida.
Cuando un expresidente de YPFB y un exgerente de EMAPA logran dejar el país en medio de investigaciones graves, el problema va más allá de la corrupción: es un sistema que detecta tarde, actúa lento y mantiene auditorías internas subordinadas a las MAEs, incapaces de alertar irregularidades sin presiones. Por eso cada vez cobra más fuerza una propuesta clave: que los auditores dependan directamente de la Contraloría General del Estado, y no de la autoridad que deben fiscalizar. Sin independencia, las fugas no son accidentes: son consecuencias anunciadas.
BoA está al borde de un punto de quiebre y el país lo sabe. Mientras miles de pasajeros sufren retrasos, cancelaciones y un servicio que ya no compite ni consigo mismo, aparecen soluciones que no dicen toda la verdad. Una de ellas viene de Samuel Doria Medina, quien propone convertir la aerolínea en una Sociedad Anónima “para salvarla”. Pero detrás de ese discurso técnico hay un detalle clave: ese modelo abre la puerta a la compra de acciones, un terreno que Samuel conoce demasiado bien. La verdadera discusión no es cómo maquillar a BoA, sino si Bolivia está lista para abrir el mercado y dejar que la competencia diga quién vuela y quién no.
El Gobierno prepara un movimiento clave en materia fiscal: solicitar a la Asamblea Legislativa una excepción al calendario presupuestario para enviar el PGE 2026 recién en febrero. La decisión combina razones jurídicas —como la prórroga del presupuesto vigente— y fundamentos técnicos vinculados al déficit heredado y la necesidad de rearmar todas las partidas con criterios de realismo fiscal, transparencia y estabilización productiva.
