El sistema actual es un «impuesto al crecimiento» que castiga al formal y asfixia al emprendedor con trámites infinitos. La propuesta sugiere eliminar el IT (Impuesto a las Transacciones), un tributo en cascada que encarece cada etapa de producción, permitiendo que las empresas respiren y bajen costos operativos. Al simplificar las reglas, se busca que «cazar en el zoológico» deje de ser la única estrategia del fisco.
El nuevo esquema se concentraría en el IVA, un IUE con alícuota reducida, un impuesto a la renta personal y el ICE. Esta estructura no solo daría certeza jurídica a los inversores extranjeros, sino que incentivaría la reinversión de utilidades en el país. Una tasa del IUE más competitiva pondría a Bolivia en el radar regional, compitiendo directamente con modelos exitosos como el de Paraguay.
La transición hacia este modelo permitiría digitalizar la fiscalización, reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios y los focos de corrupción. Al ser un sistema más amigable, la base de contribuyentes se ampliaría naturalmente; es preferible tener a miles pagando poco que a unos pocos pagando demasiado. La eficiencia fiscal es, en última instancia, la mejor herramienta contra el déficit.
Sin embargo, el reto es el «día después». El Estado debe estar dispuesto a ajustar su propio gasto mientras la nueva recaudación se estabiliza. No se trata solo de cobrar menos, sino de cobrar mejor para generar un entorno donde el sector privado sea el verdadero motor del desarrollo. La ruta está trazada, el debate sobre su viabilidad política apenas comienza.
Por Equipo de redacción
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