El gobernador cruceño Juan Pablo Velasco fue enfático al rechazar cualquier posibilidad de legalización de vehículos indocumentados, argumentando que el Estado no puede premiar actividades vinculadas al contrabando. A esta posición se sumaron importadores de vehículos, quienes sostienen que una amnistía perjudicaría a quienes realizan importaciones legales y cumplen con todas las obligaciones tributarias.
Quienes respaldan una eventual regularización señalan que el Gobierno podría obtener recursos extraordinarios mediante el cobro de tributos, aranceles, multas y tasas de registro. Además, argumentan que miles de vehículos pasarían a formar parte de la economía formal y podrían contribuir al pago de impuestos municipales y otros gravámenes.
Sin embargo, los críticos sostienen que esos ingresos serían temporales, mientras que los costos podrían mantenerse durante años. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el consumo de combustibles. Cada vehículo adicional representa una demanda permanente de gasolina o diésel, en momentos en que Bolivia enfrenta dificultades para garantizar el abastecimiento regular y debe destinar importantes recursos a la importación de carburantes.
La discusión también incorpora un componente ambiental. Mientras diversos países impulsan políticas para acelerar la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, reducir emisiones contaminantes y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, Bolivia debate la posibilidad de incorporar al sistema formal miles de motorizados usados, muchos de ellos con tecnologías menos eficientes y mayores niveles de contaminación.
Especialistas advierten que el desafío de largo plazo no pasa únicamente por recaudar recursos inmediatos, sino por definir qué tipo de parque automotor necesita el país en las próximas décadas, considerando factores económicos, energéticos y ambientales.
Más allá de la discusión legal, en las calles surge una pregunta cada vez más frecuente: si el Estado enfrenta dificultades para abastecer de combustibles al parque automotor actual, ¿cómo respondería a una demanda aún mayor? La respuesta podría definir no solo el futuro de los vehículos indocumentados, sino también el rumbo de la política energética y de transporte en Bolivia.
Por Equipo de redacción
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