La censura a Espinoza ya produjo su efecto legal y Paz tuvo que destituirlo en 24 horas por Ley 1350. Pero lo hizo con un Decreto 5678 atado al amparo de El Alto del 24 de agosto. Para el senador Roca, esa provisionalidad es la trampa: si Paz lo restituye tras el fallo, cada decreto o ley que lleve su firma nacerá viciado por haber perdido la confianza de la Asamblea.
Un audio atribuido al viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Bellot, abrió una nueva controversia dentro del Gobierno de Rodrigo Paz. La grabación, difundida en redes sociales, habla de una presunta recaudación de dinero entre directores de instituciones públicas y menciona montos de Bs 150 y Bs 200. El registro aún no fue sometido públicamente a una verificación técnica que confirme la identidad de la voz, pero el contenido ya provocó una reacción atribuida al propio Bellot.
Diecisiete años después de que se abriera formalmente el juicio de responsabilidades por los hechos de octubre de 2003, una decisión de la justicia constitucional vuelve a sacudir uno de los procesos más sensibles de la historia reciente de Bolivia. La Sala Constitucional concedió una acción de libertad a Carlos Sánchez Berzaín y Mirtha Quevedo y declaró la nulidad del auto de apertura del juicio de 2009 y de los actuados posteriores que derivan de ese acto.
José Gabriel Espinoza dejó el Ministerio de Economía, pero la pelea que provocó su salida todavía no terminó. Rodrigo Paz decidió acatar la censura de la Asamblea Legislativa y designó provisionalmente a Óscar Mario Justiniano, mientras sigue pendiente la batalla jurídica ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Hay imágenes que no necesitan explicación. En su edición de este viernes 21 de agosto, Clarín coloca cerca dos historias que, aunque no están relacionadas de manera causal, terminan dialogando en la mirada del lector: Javier Milei defendiendo “la película” de su Gobierno y Fernando Cerimedo convertido en la fotografía de un episodio judicial que terminó en Bolivia.
Fernando Cerimedo, presentado durante meses como un hombre de estrategia y poder político, mostró este jueves otra faceta: esposado y bajo custodia policial, rompió en llanto antes de ingresar a una audiencia que podría definir su futuro inmediato. “Quiero ver a mis hijos”, dijo entre sollozos. La escena contrastó con la imagen de fortaleza que había proyectado hasta ahora.
La abogada de Fernando Cerimedo, Margarita Arce, intenta cambiar el eje de la controversia. Mientras el Ministerio Público investiga el ataque contra Nadia Beller, la defensora sostiene que su cliente está siendo sometido a un “juicio mediático”. La estrategia apunta a separar la responsabilidad penal que debe probarse ante un juez de las acusaciones y versiones que ya circulan públicamente.
Nadia Beller presentó una lista de 28 legisladores a los que acusa de haber recibido presuntamente $us 5.000 mensuales por respaldar decisiones del Gobierno. Los señalados niegan las acusaciones y anuncian acciones contra la denunciante. Pero mientras la pelea política amenaza con quedarse en declaraciones y querellas, la ciudadanía espera una respuesta distinta: que la justicia investigue, establezca la verdad y demuestre que en Bolivia nadie está por encima de la ley.
¿Quién financiaba a Fernando Cerimedo en Bolivia? El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se desmarcó del escándalo y aseguró que no tiene ningún contrato con el consultor argentino del presidente Rodrigo Paz, pero dejó intacto el misterio sobre quién pagaba su trabajo en Palacio Quemado.
En un acto realizado este miércoles en el Colegio Militar, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, entregó sables y pistolas, símbolos de mando, a la nueva promoción de oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA), con el mensaje de asumir el grado con “orgullo y humildad” y lealtad absoluta a la Constitución Política del Estado.
