La situación jurídica y política de Evo Morales de cara a las elecciones generales de 2025 está marcada por una creciente incertidumbre. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acuerdo con la Constitución y la Ley 018 del Órgano Electoral, solo puede pronunciarse sobre la procedencia de una candidatura una vez que ésta ha sido formalizada. Sin embargo, el escenario ya está siendo tensionado por denuncias, declaraciones y cálculos estratégicos que adelantan el conflicto.
Una pieza clave del debate es la Sentencia Constitucional 1010/2023, que restringe la reelección presidencial a un solo período continuo tras el mandato inicial. Esta podría ser la base para una eventual inhabilitación de Morales por parte del TSE. No obstante, el exmandatario no se presentaría por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido al que ha criticado abiertamente, sino por el Frente para la Victoria. Este frente, sin embargo, está siendo cuestionado legalmente y podría ser objeto de una inhabilitación por parte del TSE, lo que dejaría a Morales sin plataforma electoral.
Desde su equipo legal, Wilfredo Chávez ha criticado al vocal Tahuichi Tahuichi Quispe por anticipación de criterio y parcialidad, y ha adelantado que, en caso de una inhabilitación, se recurrirá a un amparo constitucional. Según la normativa vigente, dicho recurso debe ser presentado ante un Tribunal Departamental de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y sólo posteriormente podría llegar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante revisión.
Chávez también sostiene que Morales es aún elegible, ya que la Sentencia 1010/2023 no lo menciona de manera expresa, y apela a la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que plantea que las restricciones a la reelección indefinida deben aplicarse únicamente a mandatarios en ejercicio.
No obstante, la posible inhabilitación del Frente para la Victoria —antes incluso de la formalización de la candidatura— podría dejar fuera del proceso electoral a Morales sin necesidad de un fallo directo sobre su habilitación personal. En ese caso, el exmandatario enfrentaría no solo un obstáculo legal, sino un vacío político que podría redefinir el equilibrio de fuerzas en el año preelectoral.
Así, mientras el TSE espera la formalización de la candidatura para pronunciarse, el escenario ya está condicionado por presiones cruzadas, denuncias anticipadas y un tablero institucional donde las fronteras entre lo legal y lo político son cada vez más difusas y la población no tiene otra opción que mirar de palco.
Redaccion central
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