En Bolivia, cada nuevo caso de corrupción parece confirmar una amarga costumbre: los funcionarios que roban terminan en la cárcel, pero el dinero casi nunca vuelve a las arcas del Estado. La justicia se limita a encerrar a las personas, mientras los millones desviados quedan ocultos en cuentas en el extranjero, en manos de testaferros o convertidos en propiedades de lujo. Así, la condena se transforma en un castigo parcial que no repara el daño causado y que, peor aún, envía un mensaje peligroso: robar puede ser un buen negocio si se asume que tras unos años tras las rejas aún se podrá disfrutar de lo sustraído.
El reciente retorno del exministro Arturo Murillo desde Estados Unidos y su ingreso inmediato al sistema penitenciario boliviano reabre el debate sobre este patrón de impunidad económica. Murillo enfrenta sentencias firmes por corrupción, pero el dinero ligado a esos delitos sigue bajo custodia en el extranjero o permanece fuera del alcance de la justicia nacional. El episodio muestra que el sistema judicial boliviano está diseñado para castigar la libertad, pero no necesariamente para garantizar la recuperación de los activos robados.
El problema no es nuevo. Una y otra vez, el país presencia la misma secuencia: se destapa un hecho de corrupción, se procesa al responsable, se dicta condena y se cumple la pena de cárcel. Sin embargo, los bienes mal habidos rara vez regresan al Estado. El resultado es que la sociedad termina pagando doble: primero cuando se le roba, y después cuando debe cubrir con sus impuestos los vacíos financieros que deja el saqueo de recursos públicos, dice el abogado Penalista Sergio Zurita.
Los vacíos legales y la débil capacidad de control patrimonial facilitan este escenario. El Código Penal contempla penas de cárcel y decomiso de bienes, pero los mecanismos de recuperación son lentos, burocráticos y poco efectivos. A esto se suman las complicidades estructurales que impiden avanzar en procesos de repatriación de activos escondidos en otros países.
La corrupción no solo vacía cuentas estatales, también debilita la confianza en la democracia. Mientras el castigo se reduzca a unos años de prisión sin devolución de recursos, la justicia seguirá siendo un ritual incompleto y la ciudadanía continuará sintiéndose defraudada. El verdadero golpe a la corrupción no está en las rejas: está en recuperar hasta el último centavo robado y devolverlo al pueblo.
Redacción central Santa Cruz
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