La crisis generada por los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entró en una fase decisiva cuando ellos mismos, en un giro inesperado, emitieron una resolución interna concediéndose 10 días más de permanencia antes de dejar el cargo. Ese “auto-reconocimiento” de su salida no solo generó molestia institucional, sino que fue interpretado como un intento final de legitimarse, pese a meses de cuestionamientos por haber extendido su mandato sin base constitucional. Su decisión parecía buscar una transición controlada, pero terminó revelando el nivel de desgaste y aislamiento en el que se encontraba este grupo de magistrados.
Sin embargo, mientras ellos buscaban ganar tiempo, la Sala Constitucional de Potosí actuó con mucha más contundencia. Emitió una resolución ordenando el cese inmediato de los autoprorrogados, sin plazos y sin condiciones, dejando sin efecto cualquier intención de prolongar la salida. Esta resolución es —hasta ahora— la respuesta institucional más firme: asume que la prórroga nunca tuvo validez y que permitir que continúen un día más es incompatible con el orden constitucional. La diferencia entre ambas decisiones es clave: donde los autoprorrogados ofrecieron una retirada “gradual”, Potosí impuso una salida ya, con efectos administrativos que habilitan incluso el desalojo físico de oficinas y la restitución plena de los magistrados electos.
En paralelo a este quiebre institucional, la denuncia penal presentada en Sucre contra los cinco autoprorrogados continúa su trámite con total independencia de las resoluciones de cese. La Fiscalía de Chuquisaca admitió la denuncia por delitos como falsedad ideológica, resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones. Al estar formalmente registrada, la investigación sigue su propio curso y puede avanzar hacia requerimientos, declaraciones y eventual imputación, aunque los magistrados ya hayan sido removidos de sus cargos. El mensaje jurídico es claro: el fin de la prórroga no detiene la responsabilidad penal que podría derivarse de haberla ejecutado.
En medio de este escenario, la voz más contundente llegó del expresidente y jurista Eduardo Rodríguez Veltzé, quien sintetizó el sentimiento institucional con una frase que ya circula como diagnóstico histórico: “¡Se van! Fueron el peor agravio al orden democrático, a la Constitución y a la celebración del Bicentenario. Su salida por la puerta trasera con auto-reconocimientos no limpia ni justifica su atropello.” Con estas palabras, Veltzé no solo celebra la salida, sino que pone el énfasis donde corresponde: el daño institucional ya está hecho, la autoprórroga fue un quiebre grave del orden constitucional, y la rendición de cuentas —por la vía administrativa y penal— es necesaria para restablecer la confianza en la justicia boliviana.
Reda
